Con las cuestiones previas formuladas por los abogados, que se prolongaron durante hora y media, arrancó hoy en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el juicio contra el empresario Ángel N-T. L., para el que la Fiscalía pide 7 años y medio de cárcel y multa de 3.600 euros al acusarle de delito continuado de falsificación de documentos mercantiles en concurso con estafa por apropiarse supuestamente de 3,8 millones de una empresa de la que era asesor financiero.
Las cantidades de dinero le fueron entregadas al asesor entre 2000 y 2010 por el gerente de la empresa por orden a su vez del socio y administrador de la misma para que fueran depositadas en cuentas en Portugal, asociadas a cuentas off shore de Madeira y Macau. El dinero procedía de los beneficios de la mercantil por ventas en España y en el extranjero, que con esta metodología no era declarado a Hacienda.
La Fiscalía sostiene que el acusado se quedaba el dinero en su propio beneficio, confeccionando para ello extractos bancarios con los que supuestamente simulaba realizar los ingresos. La empresa, a su vez, regularizó su situación con la Agencia Tributaria en 2011.
En la fase de cuestiones previas la acusación particular presentó un informe patrimonial sobre el "ingente patrimonio" con el que, alegó la abogada, se hizo el acusado. A su vez, también hizo referencia a una sentencia de mayo de 2016 de un juzgado de lo Penal en que se condena al empresario por fraude fiscal, si bien en este caso la defensa puntualizó que está recurrida.
El abogado del imputado, entre otras cuestiones, alegó la falta de capacidad procesal de la acusación particular ya que la persona que formuló la querella no tenía un poder especial, dijo, para hacerlo. Una cuestión que rechazó el tribunal que, sobre la prueba propuesta por los abogados, por otra parte, aceptó la mayoría.
