La protección a las víctimas de delitos es un tema prioritario para la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Una problemática que se aborda en la memoria anual, en la que, entre otras cuestiones, se hace una especial mención a los nuevos edificios judiciales proyectados tanto en Vigo como en Pontevedra, en el sentido de solicitar que en los proyectos arquitectónicos de los inmuebles se tengan en cuenta la necesidad de delimitar "separaciones" con el objeto de garantizar que se eviten las comunicaciones entre víctimas y agresores, cuestión que además es una exigencia legal.

En el informe relativo a la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal, redactado por el fiscal jefe provincial Juan Carlos Aladro -también se apunta que en Vigo esta función la asume la fiscal Rita Ruiz-, se recuerda que son "numerosas" las ocasiones en las que han tenido que solventar la cuestión relativa a impedir la comunicación entre víctima e investigado. Ocurre por ejemplo en los juicios por agresiones sexuales a menores, en los que se emplean biombos en la propia sala o incluso la declaración de la persona perjudicada se realiza en otra estancia haciendo uso de la videoconferencia -ésta es la medida que la acusación pública solicitó recientemente en Vigo en una vista contra un acusado de violar a su hija durante años-. "[...] hemos insistido desde el punto de vista arquitectónico, en el supuesto de la construcción de los nuevos edificios judiciales en el ámbito territorial de la provincia de Pontevedra, de la necesidad de que tales separaciones aparezcan claramente definidas en los proyectos arquitectónicos, porque así lo exige nuestro ordenamiento jurídico, pese a que en la actualidad ésta no se produce", se señala.

En relación con las víctimas, se hace hincapié en que en 2015 tanto en la Fiscalía Provincial de Pontevedra como en la de Área de Vigo se desarrolló un sistema de protección a las víctimas. Así, se solicitó a Instituciones Penitenciarias los datos de personas implicadas en delitos cuyas víctimas precisaran de protección, para lo cual se les trasladó un listado de 40 folios de los cuales se seleccionaron los casos en los que los fiscales apreciaron una "necesidad incuestionable" de medidas en pro de las víctimas. Un trabajo "ingente", se señala, para el cual no existe "personal específico", ni "medidas de apoyo" ni "policías adscritas específicamente para su desarrollo".

Otra de las cuestiones que se aborda es que, a la fecha de la redacción de la memoria, en la Fiscalía pontevedresa había seis testigos víctimas protegidos por delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal, prostitución y violencia de género, y otros dos por tráfico de drogas.