La advertencia del presidente del Puerto a los operadores de la terminal Ro-Ro de que o bajan costes o sacará a concurso el recinto ha causado impacto. En las últimas semanas y hasta ayer mismo el presidente Enrique López Veiga no ha parado de recibir a los representantes de esas empresas y de navieras que emplean la explanada. Unos ya se plantean soluciones para evitar esa privatización y otros hasta estarían interesados en concursar para hacerse con el control de la terminal. De una forma o de otra, todos están haciendo cálculos.

Directivos de Bergé y UECC, socios de Termicar, la empresa que gestiona el 80% de los vehículos que se mueven en la campa boucense; de Suardiaz, que gestiona el 20% restante y concesionaria de la autopista del mar con Francia; y de Combalia, el agente consignatario de Noatum Marmedsa que representa a la japonesa NYK, armadora de los buques que desarrollan los más voluminosos cargamentos de vehículos. Todos querían saber directamente de López Veiga si "iba en serio lo de la privatización". Y este reiteró lo manifestado días atrás ante los medios: que su "deseo" es que el Puerto siga con el recinto, pero si en seis meses los operadores no rebajan los costes, no está dispuesto a que el principal cliente, PSA, pague la subida de tarifas que prepara para paliar las perdidas de un millón al año que supone el mantenimiento y los servicios de la terminal "Lo que no puede ser es que todo lo que ganamos en la terminal de contenedores se vaya para pagar las deudas de Bouzas" , explicó ayer.

El dirigente portuario les indicó la vía para rebajar costes, que no es otra que prescindir de contratar la mano de obra de la estiba. López Veiga les insistió en que la carga y descarga de coches sin matricular es un servicio, "con ciertas salvedades", liberalizado, como advierte el apercibimiento enviado el pasado viernes a la Sagep.