Los comerciantes de Centro Príncipe ansían disponer de las anunciadas cámaras de vigilancia en Navidad para ahuyentar a los gamberros que, en esa festiva época del año, aumentan en la zona. No podrá ser. El Concello confirma que ya se ha puesto manos a la obra para obtener la autorización que permita instalarlas. Después, deberá licitarlas y contratarlas, por un presupuesto que estima en 36.000 euros. Un procedimiento "complejo" cuya duración la Administración local desconoce, pero que considera irrealizable en tres meses.

Las agresiones a la exposición fotográfica de Javier Teniente, el pasado mes de agosto, fueron el detonante para que el Concello accediera a la vieja demanda de los comerciantes de la calle de compras por excelencia de la ciudad. Los técnicos estiman que supondrá una inversión de 36.000 euros. Al superar los 20.000 euros se trata de un contrato mayor y se debe someter al proceso legal de licitación y contratación, cuya tramitación ya supera los tres meses disponibles antes de la época navideña, según explican desde la Administración local.

Pero es que, además, antes de este procedimiento administrativo, el Concello quiere obtener la autorización de la Delegación del Gobierno sin la que no se pueden instalar estas cámaras. Explica que, para lograrla, debe estar asegurada la protección de edificios e instalaciones públicas, así como de sus accesos, hay que constatar las infracciones a la seguridad ciudadana y prevenirse daños a las personas y bienes. Es en la preparación de esta documentación, para luego solicitar el permiso, en lo que están trabajando los técnicos municipales.

La autorización depende del informe favorable de una comisión dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas. Su homólogo en Extremadura deniega a la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres el permiso para activar las cámaras instaladas en su casco viejo hace ya nueve años. Su gerente, Mari Ángeles Costa, recuerda que el tribunal determinó que el índice de delincuencia de la ciudad no justifica la medida, a pesar de que la petición estaba avalada por el Ayuntamiento de y la Policía.

La disuasión del vandalismo mediante videovigilancia también es una vieja demanda de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, pero no han obtenido el respaldo del Ayuntamiento para que inicien la tramitación. El estudio elaborado por su gerente, Julia Martínez, estima entre 18 y 24 meses el tiempo que se tarda en gestionar el permiso y la contratación de las cámaras.