El gobierno municipal vigués ha garantizado este viernes la defensa de los intereses de la ciudad en el proceso concursal que afecta a la concesionaria que explota el Auditorio Mar de Vigo, y ha señalado que esa situación no interfiere en el funcionamiento de las instalaciones, por lo que ha rechazado "alarmismos".
Así lo ha manifestado el concejal de Facenda, Jaime Aneiros en unas declaraciones recogidas por Europa Press, quien ha confirmado que el Concello se personará en este procedimiento mercantil para defender el interés público, y que, como administración, debe hacer cumplir el pliego de condiciones que regula la concesión del Auditorio.
A ese respecto, ha precisado que, en virtud de ese pliego, en caso de desequilibrio financiero, ha de ser la UTE concesionaria la que capitalice y aporte fondos a la sociedad creada para la explotación de estas instalaciones. "El pliego obliga a la concesionaria a que aporte capital", ha indicado Aneiros, quien ha proclamado que el gobierno municipal "defiende los intereses de la ciudad como nadie".
Por ello, ha arremetido contra la oposición por pedir explicaciones al equipo de Caballero sobre la gestión del Auditorio y las aportaciones a la concesionaria y a la empresa contratada por ella para realizar los eventos culturales. "Ya se sabía que la empresa estaba en preconcurso, no entiendo que lo saquen ahora a la luz. El Auditorio está funcionando con normalidad", ha indicado el edil quien, en todo caso, ha recordado que esta concesión se realizó en tiempos de Corina Porro.
Aportación de 5 millones
En relación con las obligaciones de la concesionaria, y a preguntas de los medios sobre la aportación de 5 millones de las arcas municipales al Auditorio en julio de 2012 (aprobada en una Junta de Gobierno en la que también se amplió la concesión de 35 a 60 años), Jaime Aneiros ha asegurado que ese dinero "en ningún caso fue para la concesionaria".
Según ha explicado el concejal, el gobierno municipal aportó esa cantidad "para finalizar la obra" del Auditorio, aunque "ya estaban prácticamente finalizadas". "Durante el desarrollo de las obras surgió esa diferencia, y no tenía sentido paralizar una obra terminada al 85 por ciento, cuando la diferencia era tan pequeña", ha remarcado, aunque no ha concretado qué tipo de actuaciones eran las que estaban pendientes.
Según figura en el acta del 6 de julio de 2012, la Junta de Gobierno Local aprobó el plan económico financiero del contrato de concesión, que incluía dos medidas para el "restablecimiento del equilibrio económico financiero" del contrato (la empresa reclamaba ser compensada porque la reducción de las dimensiones del proyecto afectaba a sus cuentas): la ampliación de la concesión y la aportación de 5 millones de euros a la obra pública en favor de la sociedad concesionaria.
Finalmente, ha tildado de "falacia" la petición de una comisión de investigación por parte de Marea, y ha proclamado que "todo lo que se hace en el Ayuntamiento es público", y se siguen los procedimientos "con los controles oportunos". "Aportar oscuridad donde todo está claro, es equivocarse, pero la Marea es experta en equivocarse", ha aseverado.
