La problemática de los impagos en relación con la vivienda continúa estando muy presente en los juzgados vigueses. Y por dos vías. Una es la de las demandas presentadas por caseros contra inquilinos que no abonan la renta mensual de alquiler. En lo que va de año estos supuestos ya suman la abultada cifra de más de 370 procesos que, salvo contadas y anecdóticas excepciones, desembocan inexorablemente en desahucios. Y después están las ejecuciones impulsadas por las entidades bancarias contra propietarios por impago de sus hipotecas, que superan el centenar desde que arrancó 2016. En total, entre unos y otros en los tribunales de Primera Instancia se han registrado entre enero y hasta ayer mismo casi medio centenar de causas. O lo que es lo mismo: 12 litigios cada semana.
El de los inquilinos que adeudan mensualidades de alquiler y el de los propietarios que no pagan las cuotas hipotecarias son, advierten tanto abogados como procuradores expertos en la materia, casos por lo general "muy distintos". "Una cosa son aquellas personas que adquirieron una casa en la época del boom de las hipotecas y, ahora, por quedarse en el paro o por no tener ingresos económicos suficientes, no pueden sufragar las cuotas; y otra, y eso es algo que se da con relativa frecuencia en los arrendamientos, son aquellos inquilinos que alquilan una vivienda y ya desde el primer día no tienen intención de pagar", aclara el letrado Tomás Santodomingo.
Del total de 479 procedimientos por impago de alquiler o de la hipoteca registrados ya este año, prácticamente el 80% -un total de 376- son relativos a arrendamientos. La mayoría son sobre viviendas, pero también en ocasiones de locales comerciales. Desde que entró en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que incluyó el que se dio a conocer como desahucio exprés, la tramitación judicial de estos desalojos suele ser rápida. Como explica el procurador Jesús González-Puelles, son casos en los que "apenas hay litigio". La razón de esto último es que sólo se celebra juicio cuando hay oposición formal por parte del deudor. "Y generalmente no alegan nada", afirma este profesional. Con este escenario, en síntesis, se va ya directamente al lanzamiento -término jurídico del desahucio-. Por lo general, se realizan sin problemas. "En los casos que he tenido en los últimos años o el inquilino ya nos daba las llaves antes de la fecha del desalojo o cuando éste se iba a ejecutar ya no estaba allí", describe.
En cuanto a ejecuciones hipotecarias, en estos primeros nueve meses del año en los juzgados de Primera Instancia se registraron 103. "La mayoría son viviendas; la percepción es que se trata de procedimientos de lo que queda de la crisis económica, porque suelen ser hipotecas antiguas", afirma González-Puelles. Muchos de estes casos desembocan en orden de desahucio, pero en virtud de las reformas legales que hubo sobre esta problemática algunos profesionales señalan que aquellos perjudicados que reúnen los requisitos logran suspender el lanzamiento durante un plazo de dos años.
Para evitar perder la casa, o al menos para ganar tiempo en el procedimiento, en algún caso también ya se ha recurrido a una opción mucho menos usual, que es la de instar en el juzgado el concurso de acreedores de persona física en relación con el deudor. "Esto interrumpe la ejecución [del desahucio] y el afectado puede ordenar sus deudas y tiene la posibilidad de negociar; y si los bienes con los que cuenta finalmente no son suficientes, al menos tiene la opción de optar a la Ley de Segunda Oportunidad, según la cual aunque finalmente no pueda conservar la vivienda, se le liquida toda la deuda bancaria", explican en relación con esta modalidad.
