Las conclusiones expuestas ayer por el fiscal y la abogacía del Estado en el juicio por la estafa empresarial de IVA de 6 millones de euros, señalan a los dos acusados como presuntos autores de cuatro delitos consumados contra la Hacienda Pública por los ejercicios de 2005 y 2006 y de otro delito en grado de tentativa por el del año 2007.

La Fiscalía mantuvo las penas que ya pedía para ellos en su escrito de acusación provisional. Un total de 9 años y 10 meses de cárcel para el propietario de Moto Pasión Vigo (Mopavi), Ángel Suárez Ramilo, y 4 años y 10 meses para el administrador de la filial Bike&Price, Antonio Gómez Souto. En el caso de este último, el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, expuso que inicialmente preveía retirarle los cargos. Sin embargo, tras el testimonio del imputado en el que aseguró "estar al frente de los libros oficiales" y tras haber "justificado" y por lo tanto conocer"las mentiras de Suárez", señaló que mantiene la acusación.

El pilar fundamental bajo el que se apoyan las conclusiones de la Fiscalía residen en las facturas. Estas reflejaban que Mopavi contaba con un almacén logístico en Alemania desde el que transportaban a Vigo las motos y, desde la ciudad olívica, las distribuían a sus compradores.

Sin embargo, tras investigaciones a la empresa de transporte y trabajadores de la firma, el fiscal apunta que la concesionaria distribuía desde el propio almacén germano a diferentes puntos de Europa sin que las motos entraran en el país, "no generando IVA alguno en España y por lo tanto no podía ser reclamado", señaló Santaló. "Todas las facturas con origen Vigo fueron falseadas", añade. En cuanto a la relación de la empresa con Ferrer Esperilla, uno de sus principales proveedores, lo tilda de empresa "trucha", "solo para intentar camuflar el fraude al asegurarse tener un proveedor en España ya que apareció de la nada justo los años del fraude".

El ministerio público incidió en la existencia de dolo a lo largo del proceso ya que "las empresas que se dediquen a estas operaciones no pueden no saber cómo funciona el IVA en operaciones intracomunitarias. Sin olvidar tampoco que se han aportado facturas falsas que justifican la intencionalidad".