Tras la suspensión hasta en tres ocasiones del juicio por un presunto fraude fiscal de casi seis millones de euros llevado a cabo por las empresas Moto Pasión Vigo (Mopavi) y su filial Bike&Price, sus representantes se han sentado al fin en el banquillo. La acusación pública solicitó para el propietario del concesionario, Ángel Suárez, una pena de 9 años y 10 meses y una multa de 6,8 millones de euros mientras que para el administrador de la filial, Antonio Gómez, se piden 4 años y multa de millón y medio de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública durante los años 2005 y 2006.
La defensa del dueño de Mopavi, que fue el mayor concesionario de motos en Galicia, ha solicitado en esta primera vista la anulación del expediente del ejercicio de 2005 al considerar que se produjo "indefensión"; es decir, que el expediente se ha realizado de forma irregular. "Vamos a impugnar la documental de 2005 y que solo se tengan en cuenta los datos del ejercicio de 2006. El artículo 180 de la antigua Ley General Tributaria reconoce que si en una inspección hay indicios de delito, ésta se debe detener. En este caso la situación es más grave porque llegó a Fiscalía en junio de 2005 a tenor de una denuncia cuando Hacienda comenzó a investigar en el mes de agosto", reitera el letrado de Suárez Ramilo. En caso de aceptarse esta alegación, las penas y multas variarían considerablemente, porque de los cerca de 6 millones de euros defraudados, 4,4 millones se produjeron en este año.
El Ministerio Público perseveró en su acusación a los dos empresarios y volvió a incidir en las dos líneas de actuación que desembocaron en el fraude: por un lado la compraventa de motos a través del denominado "hombre paja", Miguel Ángel Ferrer, quien operaba desde Baleares y exculpado por Fiscalía, y a través del proveedor Suministradora de Componentes Electrónicos, a quien adquiría productos que luego vendía en el extranjero y tras lo que solicitaba la devolución del IVA a pesar de no haberlo ingresado nunca, según recoge el escrito de acusación.
Durante la declaración, el propietario de Mopavi reconoció ser el "iniciador" de todos los negocios pero no conocer el "día a día" de los mismos. Afirmó que del transporte de las motocicletas se encargaba enteramente Mopavi, que los encargos rara vez llegaban a Vigo y los pagos por adelantado a los proveedores, situación que llamó especialmente la atención del fiscal.
Fraude de Ley
En relación a la consideración del delito como Fraude de Ley, el proceso fue trasladado al Colegio de Abogados y se dirimirá al término del juicio. Por su parte, la multa de 12.000 euros que podría recaer sobre la antigua letrada de Suárez Ramilo se encuentra paralizada.
