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La inacción de Audasa ante los ruidos en el acceso a Vigo reabre la batalla vecinal

Casi tres meses después de que Fomento garantizase que las medidas se incluían en el proyecto de ampliación, la concesionaria no ha hecho nada. Los afectados envían una carta al ministro Catalá para que apremie a la empresa

Tras la ampliación, los coches cada vez más cerca de las casas // Alba Villar

La inacción de Audasa respecto a las medidas para reducir el ruido del tráfico en el acceso de la autopista a Vigo agotó la paciencia de los vecinos de Teis y Redondela. Los colectivos que hablan en nombre de esos 13.500 residentes que según un estudio de la propia concesionaria soportan niveles de ruido muy superiores al límite establecido por ley -55 decibelios- han reabierto la batalla para conseguir actuaciones que mejoren sustancialmente su calidad de vida. Al comprobar que las obras de ampliación de los carriles que bordean sus viviendas no reflejan ningún cambio se han dirigido por carta al nuevo ministro de Fomento, Rafael Catalá, para que "presione a Audasa" y cumpla con lo exigido por su predecesora en el cargo, Ana Pastor: la instalación de reductores sonoros en este tramo de apenas cinco kilómetros.

Como publicó FARO a finales de junio, el ministerio, entonces dirigido por Pastor, había instado a la concesionaria a colocar elementos reductores del ruido que padecen 5.000 domicilios de Teis y Chapela (Redondela). Pese a no figurar en el diseño original de la ampliación de los accesos a la AP-9, la empresa se comprometió a incluir esas medidas aunque argumentó que para ello sería necesario la modificación del proyecto adjudicado. Transcurridos casi tres meses desde aquel anuncio los afectados sospechan que Audasa quiera aprovechar la situación de interinidad del actual Ejecutivo central, en funciones, para ahorrarse la ejecución de unos trabajos que mitigarían el calvario que soportan los residentes desde hace 35 años.

Los colectivos tienen fundadas razones para dudar de Audasa. En estos meses han podido averiguar, por los constantes contactos que mantienen casi a diario con los responsables de las obras que se ejecutan en la actualidad, "que no hay planes de que se vaya a instalar ni pantallas acústicas ni firme absorbente", denuncia el portavoz de la Asociación de Vecinos de Teis, Anxo Iglesias. Una opinión que comparte el de la Asociación de Afectados por la Ampliación de lla AP-9 Rande-Teis, Francisco Puch, quien agrega: "Salta a la vista que no las contemplan". A estos indicios verbales y visuales se suma el hecho de que hasta la fecha ninguna de estas dos asociaciones haya recibido información por parte de la compañía.

A medida que avanza la ampliación de los accesos a la AP-9 aumenta el recelo sobre las verdaderas intenciones de Audasa entre los residentes, muchos de los cuales sufren las obras a las puertas de sus viviendas. De ahí que los mencionados colectivos ni se planteen conceder más margen de confianza a Audasa, y hayan decidido aumentar la presión sobre ella mediante varias vías.

Una de ellas, a través del nuevo ministro de Fomento. La Asociación Vecinal de Teis ha remitido una carta a Rafael Catalá donde piden que se dirija a la concesionaria preguntándole "cuándo piensa ejecutar estas obras tan necesarias", con referencias concretas a las barreras acústicas y el firme absorbente. En paralelo, los afectados de Chapela han solicitado al alcalde de Redondela que convoque la comisión de seguimiento de las obras de ampliación. A estas asisten representantes, entre otros, del Ministerio de Fomento y de Audasa, "a los que queremos preguntarles qué y cuando adoptarán las medidas para reducir el ruido".

La actitud de Audasa con estos vecinos prueba "la dimensión de su avaricia", en palabras de Iglesias. Así interpreta que quiera ahorrarse la ejecución de las obras demandadas cuando sus ingresos "no paran de crecer". El balance de la primera mitad del año presentado recientemente por la concesionaria a la Comisión Nacional de Mercado de Valores indica que gracias al volumen de tráfico engordó un 2,8 % su recaudación hasta elevarla a 64 millones de euros, 1,77 millones más que en el mismo periodo de 2015.

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