La Comisión Europea acaba de dar otro paso hacia el final del monopolio de la estiba en España, la actividad de descarga y carga en muelles que controla en exclusiva un pool de trabajadores en puertos como el de Vigo, Valencia y Algeciras, entre otros. En respuesta a la europaralamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, comunica que a partir de ahora las empresas podrán ignorar la legislación española y contratar personal externo de los puertos para realizar esas labores de carga y descarga. Este golpe en la mesa por parte de Bruselas choca con la intención de los estibadores españoles de mantener su posición de privilegio hasta la redacción de la nueva ley estatal, exigida por el órgano comunitario y bloqueada ante la imposibilidad de que legisle un gobierno en funciones.

Bulc concluyó que, pese a que todavía no hay una ley nacional para acabar con el monopolio de la estiba, no hay razón a esperar más. Autoriza a actuar ya conforme a la sentencia diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaraba ilegal el sistema de contratación de este personal. "De acuerdo con la jurisprudencia, los particulares pueden invocar la sentencia ante los tribunales nacionales, al constituir la base de la responsabilidad en que un Estado miembro puede incurrir en relación con aquellos que poseen derechos afectados por el mencionado incumplimiento", respondió Bulc a la eurodiputada peneuvista, quien en junio preguntó a la Comisión si "podrían nuevas empresas interesadas en operar en el sector establecerse ya en el mercado al abrigo de la sentencia de 11 de diciembre de 2014 sin esperar modificaciones legislativas en España".

A día de hoy, la situación de los puertos españoles con la carga y descarga monopolizada por los estibadores es peliaguda para el gobierno central. El pasado 13 de julio, la Comisión Europea interpuso un recurso en el que anunciaba sanciones millonarias para España si no aplicaba la sentencia del tribunal comunitario. En concreto, Bruselas planteó una sanción coercitiva de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia, que contará a partir de la resolución de este nuevo recurso. Además, también estableció 27.522 euros por cada día que se mantenga dicha situación, que se contaría a partir de la primera sentencia, es decir, desde el 11 de diciembre de 2014. En este segundo caso, la cuantía podrían ascender a 17 millones de euros, que tendría que asumir el próximo Gobierno.

En el Puerto de Vigo están convencidos de que la mano de obra de la estiba es lo que encarece las actividad en sus muelles. Por eso su presidente ha urgido a las empresas que conforman la sociedad de estiba -Sagep-a llegar a un acuerdo con los trabajadores portuarios antes de esperar a la reforma de la ley. En virtud de lo afirmado por Bulc, ahora ni siquiera las empresas accionistas de la Sagep testarían obligadas a contratar a la bolsa de estibadores impuestos por ley para reducir sus costes.