El catedrático Luciano Parejo defiende su propuesta para enmendar el Plan Xeral de Vigo de 2008 subsanando el defecto en la evaluación ambiental de la Xunta sin necesidad de retomar el trabajo desde cero y tardar años en resolver la situación. Considera "cuestionable" los argumentos de la resolución del Consello Consultivo de Galicia que invalida su informe para el Concello y es partidario de una reforma legal que impida la anulación de un plan general íntegro cuando solo se detecte un vicio formal y no una ilegalidad normativa.
-La resolución del Consello Consultivo es tajante y considera "radicalmente nulo" el PXOM sin opción de enmendar una parte.
-La argumentación del dictamen es cuestionable. Mantengo el contenido de mi informe. No creo que la resolución rebata de manera eficaz lo que se dice en mi informe. Creo que van por el camino trillado de la jurisprudencia tópica no atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Aplican el libro y despachan el asunto cuando la Administración lo que tiene que hacer es resolver el problema ejecutando a su vez la sentencia del Tribunal Supremo.
-¿Hay jurisprudencia en la que apoyar la defensa del caso vigués?
-La doctrina del Tribunal Supremo se ha vuelto más severa a medida que afloraban casos de corrupción y la línea más extendida es que cualquiera que sea el vicio detectado se determina la nulidad de los planes urbanísticos. Pero hay muchas sentencias que matizan esta idea y permiten que se mantenga todo el trabajo hasta el momento en que se incurrió en un vicio durante la tramitación. No se ha imputado ningún vicio en el procedimiento municipal y no tiene ningún sentido repetir ese trabajo para llegar al mismo resultado.
-¿Mantiene que la nulidad afecta a un acto administrativo y no al conjunto del Plan Xeral?
-La ley es clara e indica que cuando no hay que realizar procedimiento de evaluación ambiental como sucedía en el caso de Vigo se trata de un acto administrativo independiente que es susceptible de impugnación por sí mismo. Entiendo que hay un vicio de un acto concreto y la cuestión jurídica es si había o no razones justificadas para declarar la inviabilidad de la evaluación ambiental.
-¿Le sorprende que el Consultivo no ofrezca alternativas al tiempo que rechaza su propuesta?
-La vía que ofrece y que también aparece en mi informe es redactar un nuevo plan. Pero es una solución puramente formal porque mientras se tramita dejaría a la ciudad sujeta a un plan de 1993 que ya no se adapta a la realidad económica ni social de la ciudad. Es bastante inaceptable desde el punto de vista del esfuerzo administrativo y social que realizan los ayuntamientos para aprobar sus planes.
-¿Sería partidario de impugnar la resolución?
-Ya no tiene sentido recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Habría que esperar una sentencia para dentro de varios años y eso no ayudaría en nada al problema concreto del urbanismo. Solo cabe redactar un plan nuevo.
-El Supremo falló sobre el PXOM de Vigo transcurridos 8 años y habiendo sentencias favorables del TSXG. ¿Es proporcionada una resolución después de tanto tiempo?
-En absoluto. Este tipo de resoluciones tan drásticas conducen a la quiebra del sistema urbanístico. Condenan al urbanismo de las ciudades a una situación de bloqueo y genera incertidumbre en los inversores el saber que tantos años después puede haber fallos tan contundentes. La justicia es lenta y en este caso muchísimo.
-¿Cree que la conflictividad urbanística es mayor en Vigo que en otras ciudades?
-No. Es un problema endémico en toda España. La estadística de 2014 indica que ese año se impugnaron ante el Supremo 138 planes urbanísticos y 108 se declararon nulos. Estamos ante una cuestión general y hay que buscar alternativas.
-¿Qué soluciones plantea?
-Por explicarlo de forma sencilla hay que decir que en el sistema jurídico distinguimos entre normas y actos y los planeamientos, por su complejidad, no son encuadrables en ninguna de las dos categorías. El problema se arrastra desde 1956 y la solución pasaría por distinguir en el complejo documental de los planes entre lo que es normativo y lo que no de tal forma que los vicios formales o errores administrativos se resuelvan por otra vía distinta a la jurídica y se obtengan respuestas más proporcionadas que no conlleven a una anulación completa del plan.
-¿Hay precedentes?
-En Alemania y Francia se han hecho reformas legales para limitar la posibilidad de que un juez declare la nulidad de los planes ante determinados vicios. Y para mí ahí está la solución, en distinguir si un plan atenta contra la normativa urbanística o adolece de un error en un acto administrativo menor.
-¿Comparte como se apunta desde Vigo que su sentencia avance fallos similares en otros 48 ayuntamientos que no sometieron sus planes a evaluación ambiental?
-Es una opción y la sentencia del Supremo sobre Vigo utiliza en los argumentos que el carácter injustificado de la inviabilidad de la evaluación ambiental también se había utilizado en otro caso en Teo.
-El plan de 2008 permitió dar cobertura a construcciones que estaban fuera de ordenación. ¿Están en riesgo ante una impugnación?
-Depende de cuándo se construyeran porque hay un plazo de prescripción para denunciar la ilegalidad de una construcción. Creo recordar que en Galicia son 6 años. Si esas urbanizaciones son más antiguas hay que trasladar un mensaje de tranquilidad porque si tienen más años será difícil removerlo.
"Mi propuesta es factible", explica a los empresarios
- "No solo es factible, sino lo más necesario desde el punto de vista del interés general". Con esta contundencia defendió Luciano Parejo su propuesta para recuperar el Plan Xeral de Vigo lo antes posible sin incurrir en un fraude de ley y ejecutando la sentencia del Tribunal Supremo en un encuentro en el Círculo de Empresarios de Galicia. La charla tenía por objeto despejar dudas respecto a la situación urbanística de la ciudad tras el informe contrario del Consello Consultivo a la denominada vía Parejo. Ediles del PSOE, empresarios, arquitectos, abogados y promotores asistieron al encuentro en García Barbón.
