La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sitúa a la Universidad de Vigo como la séptima española en recortes de plantilla desde 2012. Según sus datos, la institución redujo en un 13% el Personal Docente e Investigador (PDI) hasta enero de 2016. La institución forma parte de un grupo liderado por Alcalá de Henares -29,2%- seguida de Autónoma de Madrid -25,4%-, Politécnica de Cataluña -25,2%-, Pública de Navarra -20,1%-, Rey Juan Carlos -17,1%- y La Laguna -14,2%-. León comparte tasa con Vigo y por detrás se sitúan Almería y Carlos III -11,9%- y, por último, Pablo de Olavide -11,5%-.
En total, las universidades públicas habrían perdido en ese periodo un total de 7.711 trabajadores que, en el caso vigués, se refieren casi en su totalidad a profesores asociados. Esta figura fue creada para dar entrada a especialistas en activo que transmitan sus conocimientos y su experiencia a los alumnos y cuyos contratos son renovados cada año. La conversión a Bolonia, que redujo los títulos de 5 a 4 años, el incremento de las horas de clase que debe impartir cada profesor titular por efecto del "decreto Wert" y la disminución de las tasas de reposición provocó que los campus españoles renunciasen a estos docentes en los últimos años.
El colectivo vigués, que actualmente ronda los 200 profesores, se ha agrupado en una asociación para defender sus intereses y ya ha obtenido varias sentencias favorables, por ejemplo, la que obliga a la Universidad a pagarles la mensualidad de agosto. Aseguran que su número se ha reducido a menos de la mitad y también sus salarios.
Por su parte, la institución académica asegura que sus datos globales arrojan un descenso menor, en torno al 8%, y destacan que los contratos a tiempo completo aumentaron. "A pesar de las restricciones, la crisis y el cambio de planes de estudio, Vigo hizo un esfuerzo por incrementar su plantilla a tiempo completo en detrimento de la parcial. Antes del verano se incorporaron 17 personas y ahora estamos en un momento de plena contratación. En unos días sacaremos 21 plazas de profesor titular y de contratado doctor y, como mínimo, 8 de catedrático", avanza la vicerrectora de Organización Académica y Profesorado, Ana Graña.
La disparidad de cifras podría deberse, apunta, a que el sindicato maneja números de contratos en lugar de personas. "Si un asociado no puede impartir 180 horas, lo máximo, la mitad se le atribuye a otra persona, lo que supone el mismo coste para la Universidad. A pesar de los problemas presupuestarios y las limitaciones de contratación no hemos dejado de incrementar la plantilla fija", sostiene.
Desde CSIF denuncian, por su parte que los asociados sufren "negligencia y desatención" por parte del gobierno universitario. "En Santiago fuimos beligerantes y tras un periodo muy difícil conseguimos mejoras con las que estamos realmente satisfechos, pero en Vigo van de mal en peor. Mientras que un número importante de profesores titulares no imparte todas las horas que establece la ley porque gozan de cierto privilegios, los asociados sufren una gran desconsideración por parte del Rectorado y los directores de algunos departamentos", critica Domingo Esteban Gómez, catedrático de Psicodiagnóstico en Compostela y presidente del sector Universidades de CSIF-Galicia
"El caso de Vigo es peculiar y sangrante. Fue una de las primeras universidades que optó por despedir a los asociados en julio para no pagarles el verano, lo que conlleva no respetar el derecho de los alumnos que suspenden en mayo a ser examinados por el mismo profesor. El maltrato no tiene precedentes y lo que se ahorra la institución es una miseria", añade.
Asegura que ni la Xunta ni las universidades han mostrado interés "o muy poco" por solventar la situación: "Se trata de profesionales de prestigio que en muchos casos pierden dinero. Son vacacionales y los maltratan".
Juzgados de toda España han ido emitiendo sentencias a favor de los asociados y recientemente un fallo andaluz reconocía a un docente con este tipo de contrato los mismos derechos que el personal indefinido. La vicerrectora Ana Graña asegura que la problemática es común a todas las universidades: "Los asociados ganan alguna sentencias y otras muchas no. Nosotros hacemos las cosas como creemos que tenemos que hacerlas y estamos asesorados. Pero si el juez dice lo contrario rectificamos".
