La apertura de un expediente sancionador a Audasa por desoír los requerimientos del Puerto de Vigo para que "legalice" su situación y pase a pagar tasas portuarias ha tenido un nulo efecto. La concesionaria del puente de Rande se expone a una multa de 60.000 euros pero a pesar de las constantes advertencias del presidente López Veiga ningún responsable de la compañía se ha dirigido a la Autoridad Portuaria y tampoco le ha enviado alegaciones.

En la última semana, el dirigente portuario apenas se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión. Aunque este miércoles y a preguntas de los periodistas concretó que Audasa cuenta con 10 días hábiles para contestar a la incoación del expediente, y sin abundar en más detalles, reiteró su disposición a hacerle pagar la multa.

Para el Puerto el tiempo de la diplomacia con la empresa se agotó. Las conversaciones con sus directivos comenzaron en diciembre y en las numerosas reuniones mantenidas en todos estos meses parecían acceder a tramitar la concesión administrativa que corregiría esa anómala situación por la que, 40 años después de la construcción del puente, nunca abonó tasas por la lámina de agua que ocupan los pilares, la correspondiente al "vuelo" del tablero, y la de actividad. Entre los tres conceptos sumarían hasta 70.000 euros anuales, ingresos a los que el Puerto no está dispuesto a renunciar.