Tres días después de amenazarla con una multa y uno desde la apertura del expediente sancionador, el Puerto sigue sin noticias de Audasa. La concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) "está obligada", según la institución portuaria, a pagar tasas que sumarían un importe de 70.000 euros al año. Cánones vinculados a la ocupación de la lámina de agua por los pilares del puente de Rande y la actividad desarrollada sobre este viaducto, así como por las obras de ampliación. La compañía sabe desde hace meses lo que le reclama la Autoridad Portuaria, pero cuando parecía dispuesta a seguir con la negociación, cortó el contacto. Ahora la compañía dispone de diez días para alegar a la amenaza de sanción, porque de no hacerlo y persistir en el impago, la Ley de Puertos penaliza la reincidencia duplicando el importe de la primera multa, de 60.000 euros.
El Puerto sustenta el expediente sancionador que abrió a Audasa en el incumplimiento "en lo que se refiere a las actividades sujetas a previa autorización, concesión o prestadas mediante licencia". Supuestos como este figuran recogidos en el "Régimen Sancionador" del título IV del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, cada una de las cuales se penaliza con una multa mínima de 60.000 euros y una máxima de 601.000 euros. También contempla las sanciones por reincidencia, y para estas, la normativa indica que las cuantías "se obtendrán por la suma" de los importes establecidos para cada caso, lo que significa que para la concesionaria de la AP-9 podría duplicarse la cantidad inicial, quedándose en 120.000 euros.
De momento, y también como recoge la ley, la compañía dispone de diez días hábiles para contestar al expediente sancionador. Si en el Puerto están sorprendidos por la actitud mostrada por Audasa desde que el presidente amenazó con la sanción si no accedía a "regularizar su situación", sobre todo después de meses de reuniones, ahora no quieren ni pensar en que desoiga la incoación del citado expediente. De llegar a este extremo, la Autoridad Portuaria haría efectiva la multa y a continuación procedería a imponerle otra, y así sucesivamente. Como ya dejó claro López Veiga, "no vamos a parar las obras, pero la multa la paga seguro".
La misma ley que recoge las multas por impago de las tasas establece la posibilidad de la paralización de actuaciones sobre terrenos y aguas portuarias "sin el correspondiente permiso". En Praza da Estrela descartan de plano aplicar esa drástica medida por más que aumente el tono del enfrentamiento con Audasa. "Sabemos que las obras son necesarias y no vamos a entorpecerla en ningún caso", garantiza Veiga. Otra prueba de la "generosidad" del Puerto con la compañía de la que hasta ahora no ha obtenido compensación alguna.
Y eso que la aludida sabe desde hace meses cuánto tendría que abonar. En las reuniones celebradas desde el pasado diciembre, la mayoría de ellas con la directora del Puerto, Beatriz Colunga, se les expuso a sus responsables las "condiciones tipo para normalizar su situación", lo que en la práctica pondría fin a 40 años exenta de cualquier obligación impositiva para con el Puerto. "Se le exige lo mismo que a cualquier otra empresa", argumentan desde Praza da Estrela. En efecto, la concesionaria, según la referida Ley de Puertos,debe solicitar una concesión administrativa para ocupar las superficies terrestres y marinas. ¿Por qué se le exige esto ahora? Enrique López Veiga mantiene que él se limita "a cumplir la ley" y que la singular situación de Audasa fue detectada en el marco de la campaña de revisión de espacios portuarios. "Por cierto, que descubrimos otras cosas", apostilló sin dar más detalles.
El centro de la discusión
Desde el Puerto cifran en 70.000 euros lo que Audasa tendría que pagarle anualmente. Es la suma de los importes correspondientes, como se ya se le informó también a la concesionaria, a la tasa de ocupación y de actividad. La primera de ellas grava la ocupación de terrenos donde se construyó el viaducto; la ocupación de la lámina de agua por los pilares; y el "vuelo", ese ámbito marino que abarcan los tableros del puente. Por estos conceptos la suma asciende a 40.000 euros, mientras que la cantidad restante, 30.000, procederían de la tasa de actividad. Las citadas condiciones tipo señalan que la cifra de este canon "se calculará como resultado de aplicar un tanto por ciento al volumen de negocio que se genere por todas las actividades que se desarrollen dentro de la concesión". "Esto es lo que habría que negociar con Audasa, y donde reside la discusión", admiten desde el Puerto.
Faltaría por concretar también el importe de las tasas por la ejecución de las obras de ampliación. Como en los otros casos, no se trata de importes menores. Para abordar la adición de dos carriles por cada sentido de la circulación del puente se han instalado dos grúas gigantescas. Estructuras que se apoyan sobre plataformas enclavadas en el agua que ocupan tanta superficie incluso que los propios pilares del viaducto.
