Audasa agotó la paciencia de la Autoridad Portuaria de Vigo. La concesionaria de la Autopista del Atlántico no se dio por aludida al ultimátum lanzado por el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, para que "regularice su situación" y comience a pagar las tasas que le corresponde por la construcción y actividad del puente de Rande. Ningún representante de la compañía del Grupo Itínere se personó en la sede de Praza da Estrela, ni siquiera llamó por teléfono para frenar la determinación del Puerto a sancionarla por desoír una reclamación que lleva desde enero recordándole. Ante el silencio de la compañía, la Autoridad Portuaria inició ayer la apertura de un expediente sancionador por "falta grave".
En declaraciones a FARO publicadas el pasado lunes, López Veiga advertía de su posición firme contra Audasa para que cumpla sus obligaciones "como cualquier otra empresa que opere en aguas de su jurisdicción", recalcaba. En la campaña de revisión de los espacios portuarios iniciada en noviembre se descubrió, entre otras situaciones "sorprendentes", como así las califica el presidente, que la concesionaria lleva 40 años, desde que abrió al tráfico el puente, gozando de una gratuidad total en cuanto a tasas portuarias. Los pilares del puente ocupan una superficie marítima y obtiene un lucro significativo por la actividad que genera sobre ella. Pero mientras recauda una auténtica millonada al año por los peajes que pagan los miles de conductores que atraviesan a diario el emblemático viaducto, la compañía no abona ni un solo céntimo a la Autoridad Portuaria.
Y se resiste a hacerlo. Desde diciembre, sus directivos se entrevistaron en al menos tres ocasiones con la cúpula de Praza da Estrela y de nada ha servido ni tanta espera ni la cortesía. En estos encuentros se trataba de que Audasa "normalizase su situación". Para empezar, se le requiere que solicite formalmente la autorización administrativa para convertirse en concesionario, como hace toda industria asentada sobre superficie terrestre o marítima de tutela estatal. Sobre la suma de lo que el Puerto estimaba que la concesionaria debería cobrarle al año por tasas de ocupación de lámina de agua, de actividad y por las obras de ampliación, las cifras que se pusieron encima de la mesa van desde los 40.000 a los 70.000 euros.
El hecho que no se llegase a concretar la cantidades, y que oscilen tanto, obedecía a la disposición inicial del Puerto a llegar a un acuerdo sin necesidad de recordar a Audasa lo que marca la Ley de Puertos. Ante la ausencia de noticias de la concesionaria y el silencio de estos días, López Veiga cumple su amenaza y ayer ordenó incoar el expediente sancionador por falta "grave", por lo que ahora la compañía no tendrá más remedio que responder.
El inicio de la apertura de este expediente concede a Audasa diez días hábiles para contestar. Una vez recibidas sus alegaciones en Praza da Estrela se sabrá si realmente la compañía está o no dispuesta a pagar los cánones portuarios. Respecto a la cifra final de la sanción, dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos, aunque podría alcanzar los 60.000 euros. De la justificación de este expediente sancionador informará el presidente a los consejeros en el Consejo de Administración convocado para la próxima semana.
Para una empresa que el año pasado, según los beneficios reconocidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ganó más de 42 millones de euros, el importe de la sanción de la Autoridad Portuaria resulta irrisorio, al igual que las cantidades que se le exige por las tasas. Sin embargo, para las arcas portuarias se trata de sumas "importantes" teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa, todavía en números rojos.
