Mientras la instrucción judicial continúa -la magistrada declaró esta causa compleja, por lo que el plazo para completar las indagaciones no expira hasta junio del próximo 2017-, en el caso al menos de algunos investigados se levantaron medidas que se habían impuesto tras su imputación. Así, a varios comerciantes se les retiró la medida cautelar que les obligaba a comparecer cada quince días en el juzgado. También se levantaron embargos judiciales que pesaban sobre cuentas o inmuebles de los implicados. Si bien en estos casos, y previa petición de la Fiscalía, se mantendrá el bloqueo de dinero o bienes por la cantidad -diferente en función de cada comerciante- en la que se valoró el beneficio económico que habrían obtenido en función de las prendas de ropa falsas requisadas.

Además del Ministerio Público, en el proceso constan veinte marcas personadas en calidad de "perjudicadas". Estas empresas ejercen la acusación particular en esta causa. Y mientras siguen llegando los diversos informes periciales, la juez ya ha tomado declaración a la gran mayoría de comerciantes que se investigan en las diligencias. En todo caso, esta misma semana está citada una de las investigadas para comparecer ante la magistrada.

La mayoría de autónomos optaron por guardar silencio en su declaración judicial. Y entre los que hablaron, salvo contadas excepciones, la tónica general fue la de negar la venta de ropa falsificada y rechazar también que su patrimonio proceda de una actividad ilícita.