Las empresas del país invierten en ciberseguridad más de 700 millones de euros cada año y la previsión es que el gasto siga aumentando un 36% hasta 2019 de forma paralela al incremento de ciberamenazas. Una nueva iniciativa institucional pretende aprovechar esta gran oportunidad para la industria y el empleo aglutinando a los grupos de I+D dedicados a este campo en toda España. La Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad acaba de ponerse en marcha y entre los 16 socios que la conforman se encuentran la Universidad de Vigo y el centro tecnológico Gradiant.
La asociación está impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Industria, y el grupo vigués de Procesado de la Señal en Comunicaciones ha formado parte de su diseño y constitución desde las etapas iniciales.
"La ciberseguridad es cada vez más demandada por las empresas y uno de los problemas en España es el déficit de formación en estos temas. Los grupos que nos dedicamos a estos temas estábamos un poco desconectados porque es una temática muy amplia y la red ayudará a que nos pongamos en contacto y surjan iniciativas conjuntas. Incibe ha hecho un gran trabajo constituyendo este proyecto en muy poco tiempo", reconoce el catedrático Fernando Pérez.
A día de hoy, la organización está integrada, además de por la Escuela de Telecomunicación, Gradiant e Incibe, por el CITIC de Andalucía, la Fundación IMDEA Software de Madrid, la corporación tecnológica Tecnalia y las universidades de Mondragón, Carlos III, Castilla-La Mancha, Granada, La Laguna, León, Málaga, La Rioja, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos.
El grupo vigués ya mantiene colaboraciones con el IMDEA Software gracias a un investigador formado en el campus que ahora trabaja allí. "Es la paradoja de las universidades pobres. Formamos gente muy buena que se coloca en centros punteros, de lo que nos alegramos muchísimo, pero al mismo tiempo no somos capaces de retenerlos. La Universidad debería hacer un esfuerzo", plantea Pérez.
Además de incrementar mediante la cooperación el nivel de excelencia y las oportunidades de financiación de los centros implicados en la red, la iniciativa también busca acabar con la brecha formativa. Los expertos estiman que hasta 2020 Europa necesitará 900.000 profesionales en seguridad tecnológica y que la demanda duplicará el número de expertos disponibles.
"Están previstas acciones y ayudas para que los grupos formen a estos especialistas y en Vigo trataremos de impulsar asignaturas y programas específicos", señala Juan Troncoso, investigador postdoctoral del grupo cuya tesis sobre ciberprivacidad obtuvo un premio nacional hace unos años.
Especialización
En el contexto de la red se ha llegado a plantear la creación de una carrera específica, aunque Fernando Pérez no es partidario de esta idea. "Personalmente, considero que es mejor tener una formación más generalista como ingeniero de Telecomunicación o en Informática y especializarse después. Nuestra escuela tiene una buena reputación porque la gente sale con una formación transversal que le da herramientas para resolver muchos problemas e incluso cambiar de ámbito profesional", comenta.
"Para un grupo de investigación pequeño es complicado desarrollar un currículo denso, pero la red nos va a ayudar a colaborar con otros equipos en temas complementarios y atraer el interés de los alumnos. Es un campo que tiene una parte un tanto novelesca, pero la seguridad es un tema de gran importancia para las empresas, que cada vez tienen más datos en la nube y sufrir un incidente implica perder mucho dinero", destaca el catedrático.
Su equipo desarrolla proyectos, en muchos casos colaborando con empresas, sobre seguridad multimedia, tecnologías forenses y de marcas de agua para autentificar o detectar falsificaciones en vídeos y documentos digitales, procesado de señales cifradas y protección criptográfica, entre otros.
Desde enero de 2015 forman parte de la iniciativa europea Witdom, en la que también participa Gradiant, que busca garantizar la privacidad de los datos genómicos y bancarios. El consorcio, que dispone de un presupuesto de 4 millones de euros hasta 2017, lo completan la Universidad de Lovaina, varias empresas tecnológicas, un hospital italiano y el BBVA.
"Se trata de garantizar que esta información personal y altamente sensible sea manejada con los propósitos para los que fue adquirida y sin que la identidad del usuario o cliente sea revelada. Por ejemplo, los estudios de determinadas enfermedades utilizan el genoma secuenciado de las personas, del que se puede extraer mucha información, por lo que es importante que no se identifiquen, pues esto conllevaría implicaciones no solo para ellas sino también para sus familiares", destaca Pérez.
