El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo celebró ayer que Maersk mantenga la escala de Algeciras. Preguntado por este anuncio, Enrique López Veiga se limitó a decir que "es muy de agradecer su decisión" aunque eludiese extenderse en su línea de respetar "al máximo la decisión de una compañía privada". Además, a su juicio, los problemas del Puerto, en referencia a la falta de competitividad alegada por la armadora danesa cuando se conoció el resultado de la subasta de operaciones que ganó Marín, "sigue estando ahí, y son los costes y la inflexibilidad de la estiba, y haré todo lo que esté en mi mano por solucionarlo". Así que aprovechó para lanzar un "aviso a navegantes" que al margen de las declaraciones a este periódico -"Aplicaré la ley", advirtió- materializó horas después en un comunicado donde anuncia la apertura de un "expediente informativo" a las empresas accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep): Termavi, Bergé Marítima, Pérez Torres, Kaleido y Líneas Marítimas Españolas-Suardiaz.

López Veiga insiste en la supuesta ilegalidad del sistema de trabajo de esta plantilla y los acuerdos pactados por la empresas. Reveló que alguien del comité de empresa de la Sagep llegó a pedirle "que si no podía mirar para otro lado", a lo que él contestó: "No, nunca lo haría ni lo haré". Recuerda el dirigente portuario que entre el 50 y el 60% de los costes operacionales en el puerto los absorbe la estiba. "Esto no puede ser", indicó, y es lo que se propone corregir sin esperar a que el nuevo gobierno central negocie con los sindicatos la adaptación de la ley española a las directrices marcadas por la UE tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenó a España a liberalizar la prestación de servicios portuarios. Los plazos más optimistas indican que pasarán al menos seis meses antes de que Ejecutivo y centrales sindicales pacten un texto que el Ministerio de Fomento ya tiene elaborado. López Veiga teme que de esperar tanto tiempo el puerto podría perder más tráficos, por eso sigue metiendo presión a la sociedad de estiba.

Con este objetivo abrió ayer expediente informativo a las empresas de la Sagep al sospechar que podrían estar incumpliendo el artículo 150 (apartado 4) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Esta norma obliga "a todas las empresas estibadoras" a contratar para su actividad un mínimo de un 25% de trabajadores de la Sagep con condiciones salariales correspondientes al régimen común, y no especial, como el que disfruta el pool o bolsa de 118 estibadores que controla la carga y descarga en la mayoría de los muelles. "Si cumplieran esta ley se abaratarían mucho los costes operacionales", alega Veiga.