Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo obliga al Concello a continuar con la oferta de empleo público correspondiente la segunda fase de 2010 y 2011, que se consideró "caducada" a principios de 2016 por el elevado tiempo que había transcurrido. En concreto el Concello adoptó esta decisión en febrero tras recibir un recurso de SICO que advertía de que los participantes en ese concurso podrían verse afectados por una norma que establece que "la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años". Ante esa circunstancia y para evitar un perjuicio futuro a los aspirantes, el Concello decidió considerarlo "caducado".

Ahora la sentencia del juzgado anula esa decisión y obliga al Ayuntamiento a "continuar los procedimientos selectivas que estaban en curso de ejecución cuando se acordó su suspensión". "A tal efecto deberá realizar en el plazo de un mes, computado desde la notificación de esta sentencia, la primera actuación conducente a su reanudación", concluye el juez, quien insiste en que el proceso debe retomarse "desde la fase en la que se encontrara en el momento de su suspensión" y "conservando su validez las actuaciones anteriores". La sentencia alude en concreto a la segunda fase de la convocatoria de empleo público correspondiente a los años 2010 y 2011.

El recurso que motiva la sentencia lo presentaron CC OO de Galicia, UGT y CIG. Ayer Pergentino Pérez, del sindicato ugetista, destaca la importancia del fallo, que afecta a 50 plazas de la administración municipal. En concreto estarían incluidas 23 plazas de Policía Local y otras dos para la promoción interna como inspector de este cuerpo; cuatro de Bombero, uno de Cabo de Extinción de Incendios y otro de Conductor-Bombero; siete de Trabajo Social y cuatro de Auxiliar de Administración Xeral. Entre los puestos hay también jardineros, alguaciles o técnicos de Igualdad. Pérez recordaba ayer que en su momento se vieron afectados por la suspensión de esta convocatoria cerca de 1.200 personas.

El Concello reconoció ayer que está valorando el fallo para decidir qué paso dar y avanza que -en el caso de que no se recurra- se darán los pasos para la reanudación de la convocatoria "tan pronto como sea posible". A pesar de que el juez anula la decisión que el Consistorio adoptó en febrero, en la argumentación de su fallo alaba la "prudencia" de Praza do Rei.

"No es ocioso resaltar la prudencia de la decisión municipal que, en un escenario de incertidumbre jurídica, se basó en la ponderación de los posibles perjuicios derivados de la suspensión y posterior declaración de caducidad, frente a los perjuicios que se podrían derivar de una continuación y terminación normal de los procedimientos selectivos", razona el juzgado.

Los sindicatos que recurrieron la decisión del Concello razonan que el plazo de tres años que fija la norma es una "garantía del administrado". "Por lo que su infracción no tiene consecuencias anulatorias y no se puede interpretar en perjuicio de los ciudadanos a los que tiene que proteger", argumentaron.