El gobierno local ha empezado a mover ficha para buscar una alternativa a tramitar desde cero un nuevo Plan Xeral (PXOM) tras anular en noviembre el Tribunal Supremo el que estaba vigente desde 2008 por considerar los jueces que se incumplió la tramitación ambiental. A partir de las conclusiones del informe que el alcalde encargó al experto Luciano Parejo, la concejala de Urbanismo, María José Caride, remitió días atrás una carta a la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, en la que solicita un pronunciamiento "debida, suficiente y correctamente motivado" que acredite que el PXOM cumplió la legislación ambiental a todos los efectos. Según la argumentación municipal, con esa declaración y una nueva aprobación definitiva posterior del Plan por parte de la Xunta quedaría ejecutada la sentencia, y la ordenación urbanística de 2008 podría volver a estar en vigor, sin cambio alguno.
Parejo argumentó prolijamente en un informe de 53 páginas, revelado por FARO, que el fallo judicial anuló el PXOM por un "defecto formal" y no "sustantivo", ya que devino de una resolución ambiental emitida en abril de 2008 por la Xunta que no estaba suficientemente justificada, sin que el contenido del Plan ni ningún acto de todo el procedimiento por parte del Ayuntamiento fuese cuestionado por los jueces. Así, el jurista sostiene que puede cumplirse el fallo judicial subsanando el "vicio" concreto que provocó la nulidad, salvando con ello todo el documento aprobado en el Concello.
El jurista ha confeccionado un informe complementario, que Caride adjunta en su carta a la conselleira, con los razonamientos que avalarían la nueva declaración de la Xunta. Los jueces del Supremo anularon el PXOM vigués porque no se justificó debidamente la llamada declaración de "inviabilidad" de someterlo al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
El Concello, en base a los argumentos de Parejo, sostiene que puede acreditarse el cumplimiento de la legislación ambiental. El punto de partida está en una directiva comunitaria de 2001 sobre evaluación de efectos de planes en el medio ambiente. El Estado la transpuso en ley en 2006, cuando ya el PXOM de Vigo estaba muy avanzado. La norma establecía la obligatoriedad de elaborar el proceso de evaluación ambiental a los planes, con posibles excepciones siempre que la administración competente las motivase.
El Concello, siguiendo el criterio de Parejo, sostiene que el PXOM reúne todos los requisitos ambientales para entrar en la excepción. Recuerda que el Plan se elaboró conforme a leyes autonómicas posteriores a la directiva comunitaria, primero la de Ordenación Urbanística de 2002, y luego la que la modificó en 2004. Esta última establecía, entre sus apartados, que deben someterse "a informe de la Administración ambiental los planes generales y los de desarrollo de suelo urbanizable atendiendo a la [citada] Directiva europea", así como recabarse de la consellería competente el preceptivo informe ambiental".
El experto apunta que "esto es lo que efectivamente se hizo con el Plan General de Vigo. Remitida la pertinente documentación por el municipio el 5 de marzo de 2005, incluida la medioambiental, a la Consellería de Medio Ambiente, esta se manifestó por escrito el día 28 del mismo en el sentido de no tener nada que oponer". Y añade Parejo: "El Plan General de Vigo, al cumplimentar lo requerido [en las leyes autonómicas], cumplió igualmente desde el punto de vista sustantivo o material con las exigencias de la directiva comunitaria, y por tanto, con la evaluación de los efectos del plan en el medio ambiente".
El informe remitido por Caride a Mato agrega, en función de estos razonamientos, que "la Evaluación sería impracticable en tales condiciones, salvo abandono total del planeamiento elaborado, que no deriva como consecuencia inexorable de la sentencia del Tribunal Supremo". Según el criterio del Concello, partir de cero sería aplicar el fallo de forma "desproporcionada" puesto que, antes de la resolución ambiental de 2008 que provocó la anulación, "ya se había ultimado por completo la fase municipal del procedimiento de aprobación; es decir, lo había aprobado la administración competente, y restaba solo la definitiva por la Xunta, limitada a un control de pura legalidad sobre el contenido referido a los intereses locales, y a una decisión de oportunidad exclusivamente sobre aspectos de interés supramunicipal, ámbito que nada obstaba a la viabilidad del planeamiento".
El Concello, además, -apunta el jurista-, se pronunció tras el periodo de exposición pública del Plan sobre todas las alegaciones y observaciones formuladas "obteniendo informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente". Parejo concluye que "concurría en su momento, y por razón tanto jurídica como práctica o real, el requisito legal de inviabilidad", de ahí que el Concello proponga que "así sea declarado mediante nueva decisión" del departamento autonómico.
Un plan nuevo desde cero se alargaría más de tres años
- Al poco de conocerse la sentencia del Supremo, emitida por el alto tribunal el 10 de noviembre pasado, el Concello inició los trámites para elaborar un nuevo Plan. La intención anunciada por el alcalde, Abel Caballero, era la de repetir el "99%" del PXOM de 2008, ya que este resistió más de ochenta recursos judiciales y no se puso en cuestión ningún aspecto sustancial de su contenido. El PP reclama su actualización, sin realizar un "corta y pega", y Marea exige partir de cero, con un nuevo modelo, al considerar las previsiones del documento de 2008 "desfasadas" y alegar que la edificación prevista era desmesurada.Pese a incoar la redacción del nuevo Plan, el Concello no renuncia a salvar el PXOM anulado, acudiendo para ello a los tribunales -con un recurso pendiente ante el Constitucional- y mediante la consulta a Parejo. La vía que propone el jurista y que ha decidido impulsar el gobierno local ahorraría años de trámites si recibe el plácet jurídico de la Xunta y prospera judicialmente, ya que está claro que sería combatida en los tribunales por los denunciantes y previsiblemente por otros sectores críticos con el Plan.Los tiempos que requiere aprobar un PXOM desde cero son inciertos, ya que dependen de muchos factores (estudios, elaboración del documento, informes, autorizaciones, exposición, alegaciones, aprobaciones en distintas fases...), pero al menos superaría los tres años. El de 2008 tardó en recibir el plácet final nueve. Tras su anulación vuelve a regir el de 1993, ya obsoleto.Lo cierto además es que el Concello probablemente no pueda repetir el modelo anterior. Hay una nueva ley del suelo autonómica vigente desde el 19 de marzo, y el reglamento que tramita la Xunta para desarrollarla establece parámetros en suelos urbanizables que, según los cálculos del Concello, obligarían a eliminar más de 40.000 viviendas previstas en el PXOM anterior, un tercio de la proyectadas. Un cambio de gran calado que supondría replantear el modelo del nuevo Plan.
