Este lunes 6 de junio se cumplen seis meses desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impuso los ya polémicos plazos en las instrucciones judiciales. Dado que el período máximo ordinario de una investigación no puede exceder de ese medio año, los fiscales afrontaron una vorágine de trabajo para revisar todas las causas cuyo plazo caduca ese día con el fin de solicitar la prórroga de indagaciones en aquellas que precisasen de más diligencias. Y el trabajo en Vigo, pese a las enormes dificultades con las que se han topado estos profesionales por factores que van desde la falta de medios hasta la evidente discordancia de datos existente entre el sistema informático de los juzgados Minerva y el Fortuny de la Fiscalía, ya se hizo. Los 28 fiscales de Vigo, con la cooperación de los 17 funcionarios, tuvieron que revisar las 1.926 causas de los juzgados vigueses y de los de la comarca cuyo plazo expiraba este lunes. Y en casi el 40% de ellas, en 744, solicitaron la prórroga de la instrucción, bien mediante la declaración de su complejidad o instando plazos máximos. En las restantes, casi 1.200, el destino debería ser la conclusión de la investigación para encaminarlas a juicio o su archivo.

La reforma fue acogida con críticas por fiscales, jueces y abogados. La labor de revisión de cara al 6 de junio ha sido, definen, "titánica". En toda la provincia de Pontevedra los fiscales tuvieron que hacer informes de revisión de 4.963 causas, instándose la prórroga de 1.316 (el 56% de estas últimas en Vigo y su área). La decisión última de ampliar una instrucción es del juez, pero siempre previa solicitud del Ministerio Público.

¿Y en Vigo? De la Fiscalía de Área de la ciudad olívica dependen el partido judicial vigués, pero también los de Redondela, Tui, Porriño y Ponteareas, que suman una veintena de juzgados que hacen labor instructora. Los fiscales revisaron 1.926 causas [el 39% del total provincial] y consideraron que 744 de ellas no se pueden cerrar todavía: en 611 interesaron su declaración de complejidad -lo que supone ampliar las indagaciones hasta junio de 2017 con posibilidad de pedir otra prórroga- y en otras 133 que se impusieran plazos máximos, por ejemplo de seis meses o un año más. En el caso concreto de Vigo, se controlaron 1.166 pleitos y se pidió la complejidad de 368 de ellos, así como plazos máximos en otros.

El "control riguroso" de los procedimientos, relata la fiscal jefe de Vigo Susana García-Baquero, se vino realizando desde que el 7 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma, con "contactos" con todos los juzgados del área viguesa. "Fueron contactos eficaces y la colaboración de los letrados de la Administración de Justicia (secretarios) de los mismos fue de forma general excelente, con alguna excepción de la cual se dio cuenta a la superioridad", afirma esta responsable que, igual que el fiscal jefe provincial Juan Carlos Aladro, es crítica con esta reforma.

La labor de revisión de los fiscales -de gran complejidad por la discordancia de datos entre Minerva y Fortuny que les impide conocer el número de asuntos reales que hay en cada juzgado- la iniciaron por aquellos casos de los que en su aplicación informática tenían constancia de "su gravedad y complejidad". A continuación, la Fiscalía pidió a los juzgados la remisión de causas a tenor de la información de la que disponían en Fortuny. Y por último, explica la fiscal jefe, los propios letrados de los tribunales, salvo alguna excepción, les derivaron "de forma paulatina y razonable" el resto de asuntos que constaban en los propios tribunales.

Y el trabajo no acaba. De forma paulatina, y según las causas vayan acercándose a la caducidad del plazo, habrá que pedir prórrogas si es necesario más tiempo de instrucción. "Hay que seguir revisando con todos los problema existentes", resumen.