El momento más bronco y tirante de la sesión de ayer en Praza do Rei se vivió durante el debate y la posterior votación del nuevo reglamento que regulará los plenos, que recibió luz verde gracias al respaldo del PSOE y con los votos en contra del PP y Marea. La norma -que prohíbe las protestas o exhibir carteles- fue aprobada entre gritos de "dictadura" y reproches de parte del público. Poco después el alcalde, Abel Caballero, aseguraba que los críticos "son los mismos que nos insultaron cuando el Alfageme o la cruz de O Castro." "Había candidatos de otros partidos que increpan e insultan y a los que las urnas no les dieron concejales", anotó.

"Este reglamento garantiza la capacidad de hablar", abundó Caballero, quien respondió además a los reproches del PP cuestionando que censure el reglamento vigués "con Santalices expulsando a Beiras del Parlamento". "En Vigo no expulsamos nunca a nadie...", apostilló el primer edil. El concejal Carlos López Font insistió en que la nueva normativa "respeta a la oposición como no se la ha respetado nunca" e insistió en que "es democrático y facilita la información y la trasparencia". Según explicó, incorpora además el 35% de las alegaciones presentadas. "El reglamento que era necesario para hacer respetar a los concejales y para que no se les insulte como ocurrió hoy", anotaba horas después Caballero.

La norma recibió sin embargo severas críticas de la oposición. La portavoz del PP, Elena Muñoz, aseguró que supone un "atentado contra la democracia" y que será "el reglamento más antidemocrático del país". "No quieren que los ciudadanos vean que son incapaces de hacer nada con 17 concejales", recalcó: "El alcalde actúa como un tirano y confunde la mayoría absoluta con el absolutismo". "Eliminan derechos y limitan otros; hasta el espacio del que disponemos para nuestra labor", zanjó Muñoz.

Desde Marea su portavoz, Rubén Pérez, censuró también que la norma "masacra los derechos democráticos de la ciudadanía y de la oposición". "Hablemos de un reglamento de derechos y deberes de la ciudadanía; o de gobierno y de Policía Local", propuso el edil, quien aseguró que la medida se adopta "ahora que hay una auditoria permanente por parte de Marea".

La nueva normativa prohibe mostrar carteles y las protestas en los plenos, además de regular el acceso a información de los ediles.