Tres años y medio de prisión. Ésta es la condena que solicita la Fiscalía para un empresario afincado en Vigo al que atribuye un delito contra la Hacienda Pública de especial gravedad por un fraude fiscal de más de un millón de euros. El acusado no incluyó en su declaración de IRPF de 2006 una ganancia patrimonial de 2, 1 millones obtenidos por la cesión a una promotora de los derechos de adquisición de unas fincas de Zamora cuyo pleno dominio le había sido transmitido en un negocio suscrito meses antes de esta operación. El juicio por estos hechos ocurridos hace ya una década se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad olívica, en el cual el fiscal mantuvo la petición que formulaba en su escrito de calificación provisional. Además de la pena de cárcel, la acusación pública solicita que el industrial abone una multa de 1,2 millones y que indemnice a la Agencia Tributaria en la cantidad presuntamente defraudada, que se ha fijado en 1.082.192 euros.
Los hechos se remontan a 2006. Fue en mayo de ese año cuando el empresario, N.R.M., firmó un documento privado en el que tres personas le transmitían el pleno dominio de siete fincas ubicadas en Zamora con una superficie de 120.000 metros cuadrados por un precio de 42 euros el metro cuadrado -lo que haría un total de más de 5 millones de euros-. Además de establecerse un plan de pago, en el contrato se estipulaba que el comprador se reservaba su derecho a otorgar escritura pública a favor de la persona física o jurídica que designase.
Derechos de adquisición
El acusado, refiere el fiscal en su escrito, no llegó a tomar posesión de esas fincas ni tampoco se elevó a público aquel documento privado. Y ello debido a que alcanzó un acuerdo con una promotora por el que le cedió sus derechos de adquisición, negoció que se plasmó en un documento manuscrito en diciembre de ese 2006 por el que se convenía en otorgar escritura pública de compraventa antes del 24 de enero de 2007 -por 72,1 euros el metro cuadrado-. Así, en distintas fechas se otorgaron escrituras públicas de cinco fincas -por 6,4 millones- , siendo objeto de pleito judicial la venta de otros dos terrenos por discrepancias entre las partes.
La Fiscalía sostiene que N.R.M. percibió por esa cesión a la promotora al menos 2,1 millones, cantidad que "a efectos tributarios" tenía la condición de ganancia patrimonial obtenida en plazo inferior a un año. Por ello, añade, el denunciado debería haber incluido esas percepciones en su declaración del IRPF de 2006, al ser ese ejercicio cuando se formalizó el negocio. El empresario no incluyó tales ganancias en ese 2006 y en la declaración de 2007 sí consignó parte de esos ingresos, 500.000 euros, aunque haciéndolos constar "al parecer por error" como rendimientos de letras del Tesoro, tributando por ello 90.000 euros.
