Ese incremento patrimonial de 2,1 millones de euros no fue la única irregularidad que, según el fiscal, se observó en la inspección tributaria realizada por Hacienda. También, precisa en el escrito, se detectaron "ganancias no justificadas" que sumaban 263.950 euros: dos entregas de 100.000 euros cada una "sin que exista justificación creíble sobre la procedencia del dinero" e ingresos en efectivo en cuentas bancarias que alcanzaron los 63.950 euros que tampoco se justificaron.
Por el negocio de cesión de fincas y estas últimas ganancias referidas, concluye en Ministerio Público, en la declaración de IRPF del ejercicio de 2006 se produjo un fraude superior a un millón de euros, que es la cantidad que ahora reclama que se abone en concepto de indemnización.
