Las demandas contra inquilinos morosos son una constante en los juzgados de Vigo. Aunque este año se ha producido una ligera bajada con respecto al mismo período del ejercicio anterior, estos pleitos por impago de alquiler de viviendas, y en ocasiones también de locales comerciales, continúan entrando a diario en los tribunales de Primera Instancia de la ciudad olívica, como lo demuestra el hecho de que cada jornada laborable se registran una media de dos litigios de esta materia. Salvo excepciones, la gran mayoría derivan inexorablemente en procedimientos de desahucio, aunque los jueces ya han puesto en conocimiento de los servicios sociales del Concello en alguna ocasión casos de familias afectadas por desalojos al observar que se encuentran en una clara situación de riesgo por falta de recursos económicos.
En los últimos años, al compás de la crisis económica, las demandas por impago de alquiler se situaron por encima de los 600 casos por ejercicio, con excepción de 2013 y 2014, cuando hubo 540 y 563 litigios respectivamente: esa fue la época precisamente en la que estuvo vigente el tasazo judicial y presentar un procedimiento verbal arrendaticio, que es como se formalizan estos pleitos, suponía el abono de una tasa de 100 euros, cantidad que se unía a las que los caseros deben pagar a abogado y procurador -este último profesional es el que va junto a la comisión judicial al desahucio-.
Tras subir de nuevo el número de procedimientos de este tipo el pasado año -hubo un total de 632 asuntos según refleja la estadística judicial-, en los primeros meses de este 2016 se ha detectado sin embargo un ligero descenso. Desde enero y hasta este 20 de mayo en los doce juzgados civiles vigueses se tramitaron 221 casos. Si antaño echar a un inquilino deudor se eternizaba, desde que se implantó la Ley de Medidas de Agilización Procesal, en la que se incluyó lo que se ha denominado como "desahucio exprés", el proceso judicial se ha acelerado. Muchos de estos casos incluso ya ni siquiera llegan a una sala de vistas, derivando directamente en el lanzamiento [término jurídico del desalojo].
Solo se celebra juicio si existe oposición formal por parte del deudor. E incluso cuando hay vista oral, la evidencia de la acumulación de rentas impagadas provoca que la resolución más frecuente por parte de los magistrados sea acordar finalmente ese desahucio. "La discusión se centra básicamente en si se han pagado o no esas mensualidades; en ocasiones algún inquilino alega cuestiones como que había reformado el piso y el dueño le había perdonado algunas de las rentas acordadas en el contrato, o que la vivienda estaba en malas condiciones y que la razón de que no pagase era para que el propietario arreglase esos desperfectos; pero al final, y salvo supuestos muy excepcionales, se suelen estimar la demandas de los caseros", explica un juez de Primera Instancia.
Ante la situación de crisis, en los juzgados se han encontrado con casos en los que la razón del impago se encuentra en que los inquilinos carecen totalmente de medios económicos. "Existe un protocolo al respecto de esta problemática, por lo que si detectamos que esas personas están en especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad lo ponemos en conocimiento de los servicios sociales del Concello para que evalúen la situación y adopten las medidas convenientes", afirma el magistrado.
Ejecuciones
Junto a las demandas que presentan los propietarios de inmuebles por el impago de cuotas de alquiler, estas salas también se encargan de tramitar las ejecuciones formalizadas por entidades bancarias contra familias que no abonan la hipoteca de sus viviendas. Tras dispararse debido a la crisis económica, convirtiéndose en un verdadero drama social, ahora se está viviendo el fenómeno contrario, ya que este tipo de procesos se han desplomado. Si en el primer trimestre del pasado año hubo 77 casos, en el de este 2016 fueron menos de la mitad, 31. "Los desahucios ya no son automáticos como antes, ahora se apuran otras posibilidades; las normas de protección de los deudores hipotecarios y otras medidas adoptadas se van notando", afirmaban hace unos meses en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo, que es la oficina judicial que se encarga de ejecutar los lanzamientos.
