"Un paso más" hacia la consecución de derechos laborales. La Asociación de Profesorado Asociado de la Universidad de Vigo valora positivamente la decisión de un juzgado sevillano que reconoce a un docente con esta modalidad de contrato los mismos derechos laborales del personal indefinido. "Va en la línea de otras sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a nuestro favor. Se reconocen derechos que parecía que no teníamos pero que sí nos corresponden", destaca el secretario de esta plataforma, Pedro González.

La figura del docente asociado surge en las universidades para dar entrada a tiempo parcial a especialistas en activo que puedan transmitir esta experiencia a los alumnos y cuyos contratos son renovados cada año. El conocido como "decreto Wert", que incrementó las horas de clase de los titulares, unido a la reducción de las tasas de reposición llevó a prescindir de esta figura en campus de toda España. En la institución viguesa suman actualmente alrededor de 200 profesores, "menos de la mitad" que antes de los recortes. De ahí, que la sentencia andaluza no haya pasado inadvertida en los equipos de gobierno universitarios.

El colectivo vigués, que recuperará en agosto gracias a la vía judicial la mensualidad que les negaba la Universidad desde 2013, critica las dificultades para negociar con el Rectorado. "Nos reunimos recientemente con el secretario xeral de Universidades para transmitirle nuestras inquietudes y la necesidad de establecer un clima más propicio para llegar a acuerdos. Es urgente que nos sentemos para establecer una hoja de ruta clara y lograr un mínimo de estabilidad en lugar de esperar a lo que vayan marcando las sentencias. No tiene sentido que siendo la universidad gallega con mejor situación financiera ofrezca las peores condiciones", reprocha González, profesor asociado del departamento de Organización de Empresas y Marketing desde 2008.

El colectivo entiende que ha sido objeto en los últimos años de medidas "absurdas", puesto que no suponen ahorros destacables para las arcas de la institución: "No existe una justificación económica. Somos el PDI más barato. Hacemos el 75% del trabajo de un profesor titular con la tercera parte del salario. La decisión de no pagarnos el mes de agosto suponía el 1 por 1000 del presupuesto de la Universidad. Fue algo insólito".

Por el contrario, los asociados destacan su contribución. "Aportamos una experiencia laboral en instituciones y empresas de alto nivel. No se puede negar este valor añadido. Y no solo damos clase, sino que también hacemos tutorías y dirigimos trabajos fin de grado desahogando a los profesores permanentes de estas tareas. Actualmente hay áreas y títulos tremendamente cojos de la aportación de estas personas que están en contacto con la realidad profesional", apunta González.

Por todo ello, la plataforma critica medidas como la realización de contratos de 6 meses en lugar de anuales, a pesar de que esto no rebaje su coste, o la desaparición de planes que permitían su promoción. "En su momento la Universidad estableció mecanismos puesto que los asociados son profesionales que trabajan bien y que ya tienen un know-how sobre el funcionamiento de la institución. Pero hoy día han desaparecido", critica.

Otra de las demandas de la plataforma es el reconocimiento de los trienios: "No se admitió esta demanda porque no contábamos con representación sindical en el convenio de 2011, pero ahora sí tenemos y estamos estudiando cómo podemos reclamar, probablemente, por la vía del conflicto colectivo".

Y es que desde que estos docentes se agruparon en asociación también han conseguido estar presentes en los comités de PDI laboral, así como en el Consello de Goberno y el Claustro, así como en diferentes comisiones. "Poco a poco hemos ido teniendo acceso a información y hemos conseguido, por ejemplo, el reconocimiento de la producción científica, del que se nos excluyó hace un par de años. Son cantidades que no se lleva el docente, sino que repercuten en el departamento y en la Universidad. Es un ejemplo más de las medidas absurdas", sostiene.

Los asociados también son excluidos de programas nacionales como el Docentia de la Aneca y no son considerados como miembros activos de los grupos de investigación aunque tengan el título de doctores. "No hay argumentos razonables para explicar decisiones que no cuestan dinero a la Universidad, al contrario, se beneficiaría", concluye Pedro González.