La reforma legal que impone un plazo ordinario máximo de seis meses en las instrucciones judiciales y que obliga a una agobiante cuenta atrás para que el próximo 6 de junio, cuando se cumple medio año de su entrada en vigor, cientos de causas penales estén revisadas para dar la investigación por acabada o prorrogarla ha sido recibida con severas críticas por parte de magistrados y fiscales. Jueces vigueses consultados consideran que esta previsión de la nueva ley es un "despropósito" que supone una sobrecarga de trabajo "innecesaria y sin efectividad práctica" y que además trae consigo serios "riesgos" y "situaciones injustas": desde que pese al esfuerzo de control se puedan "escapar" causas hasta que, por apurar la tramitación de casos en el límite básico, se realicen "menos diligencias" de las que se venían haciendo dando lugar a "instrucciones pobres" que llegan con una "prueba más débil" al juicio.
A partir de ahora todos aquellos procedimientos que no se puedan instruir en seis meses deberán prorrogarse. Bien declarando su complejidad -lo que supone un período de 18 meses que se puede ampliar hasta un tope de 36- o estableciendo plazos máximos -por ejemplo de medio año o un año-. Esta última opción es por la que están optando los juzgados en aquellas causas que, sin ser demasiado complicadas, es imposible cerrarlas ya por "inconvenientes" u "obstáculos" como que falta por localizar a un investigado o se está a la espera de un informe pericial.
"Seis meses para una investigación es poco; lo que va a ocurrir en la práctica es que al final vas a seguir instruyendo en el tiempo que necesitas, optando por estas prórrogas, con lo que la reforma lo único que te obliga es a trámites sin contenido útil; es un mero formalismo", opina una magistrada. ¿Y en cuántas causas de las que había vivas en los ocho juzgados de Instrucción de Vigo cuando el 7 de diciembre entró en vigor la ley se optará por ampliar la instrucción? A principios de esta semana los jueces, previa petición de la Fiscalía, ya habían adoptado esta decisión en relación con un centenar de casos, pero de aquí al 6 de junio la cifra seguramente superará los 200. En algunas salas ya dan por hecho que ampliarán plazos en más de 30 procedimientos -en cada una-.
¿Qué ocurrirá con las causas en las que se limite la instrucción a seis meses? En algunas salas advierten del riesgo de "instrucciones pobres". "Aquí se hacen investigaciones muy completas, con interrogatorios a las partes, a testigos, con periciales...; nos preocupamos de averiguar nombres y apellidos de los testigos, están localizados para juicio; si por falta de tiempo no los buscamos ni escuchamos, o al menos no a todos, puede ocurrir que para la vista no los encuentren", exponen como ejemplo. Un letrado de la Administración de Justicia (nueva denominación del secretario judicial) añade que eso puede generar peligro de "sentencia absolutoria por falta de prueba".
Otra previsión de la norma también preocupa a los jueces. El artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece los plazos, el 324, dice que las diligencias acordadas antes del transcurso del plazo máximo serán validas aunque se reciban tras expirar el límite. "Si en esa prueba surge algún dato nuevo, ya no puedo hacer ninguna otra diligencia ni citar a nuevos investigados; la norma lo veda, coarta la realización de más pruebas, lo que es absurdo", señala una juez.
Los plazos sólo se interrumpen en dos supuestos. Cuando la causa esté secreta o si se acuerda el sobreseimiento provisional. En algún juzgado se ha optado por este archivo transitorio en casos en los que, con escasos indicios, están pendientes de pruebas para determinar de forma clara la autoría de delito. "Cuando se cumplimenten las diligencias los reabriremos; eso obliga a un trabajo a mayores, de archivar y después reabrir: antes la causa seguía viva a la espera de los resultados", concluyen.
Lourdes Carballo - Decana del Colegio de Abogados de Vigo
"La reforma se hizo sin tener en cuenta la sobrecarga de trabajo y sin dotación de medios personales"
Los letrados también son críticos con la reforma. Partidaria de una justicia más ágil, la decana del Colegio de Abobados de Vigo, Lourdes Carballo, considera sin embargo que el remedio no está en fijar sin más plazos para las instrucciones, sino que una modificación de este calado debe realizarse tras indagar en las "causas reales" de la demora judicial. "La solución no es acortar tiempos, sino tomar conciencia de que hay un claro problema de organización y de falta de dotación de medios, sobre todo personales", afirma.
Una cuestión en la que incide Carballo es que este cambio legal se llevó a cabo "sin tener en cuenta" la actual situación judicial de "sobrecarga de trabajo" e incluso "cierto colapso" que hay tanto en juzgados como en fiscalías. Por ello incide en que una de las claves para luchar contra la demora que acumulan muchas causas es que haya "más dotaciones". "La agilidad de la justicia o el retraso no es imputable a la existencia o no de plazos; muchas veces es consecuencia de la escasez de medios", describe.
E igual que advierten los magistrados, la decana de los abogados ve "riesgos" en estos límites en las instrucciones. "Puede perjudicar a las víctimas si en una tramitación rápida no se practican todas las pruebas y eso deriva en que no pueda haber una persecución real del delito y finalmente no haya condena", señala. "Y lo mismo para los investigados si, por esta misma falta de tiempo en la investigación, se hace una imputación acelerada", advierte.
