A la investigación judicial por el caso del supuesto enchufe en una concesionaria municipal de Vanesa Falque todavía le queda mucho recorrido. Al menos así se desprende de un escrito remitido por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, encargado de este causa, en el que se solicita a la magistrada que declare la complejidad del asunto -en el que en la actualidad constan cinco personas en calidad de investigadas- y amplíe por tanto el período de instrucción del mismo. Aunque no se concreta, sería durante un período de 18 meses a contar desde el 6 diciembre de 2015, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce estos plazos: por tanto, hasta junio de 2017.

La fiscal, en un escrito firmado el pasado 5 de mayo, justifica su petición "a la vista de la documental pendiente de análisis, la pericial pendiente de ser remitida y [otras] diligencias que puedan derivarse de las mismas". Concluye interesando que se computen "las sucesivas prórrogas y plazo máximo" a partir de diciembre del pasado año.

En la actualidad en la causa constan como investigados la propia Falque, cuñada de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra y primera teniente de alcalde de Vigo Carmela Silva; dos representantes de la antigua concesionaria de los centros cívicos municipales Imesapi donde fue contratada la mujer, Ramón C.A. y José Antonio M.B.; el jefe de servicio municipal de Participación y Atención Ciudadana, Francisco Javier Gutiérrez Orúe; y el concejal vigués Santos Héctor.

La investigación judicial sostiene que nueve contratos menores suscritos por el Ayuntamiento con Imesapi, entre 2008 y 2013 y por valor de más de 128.000 euros, tuvieron como "verdadero fin" compensar a la empresa por los costes derivados de la contratación de esta mujer, cuya defensa acaba de presentar un escrito solicitando el archivo de la causa con respecto a su clienta.