Los representantes legales de Vanesa Falque, investigada por presunto tráfico de influencias y su supuesto "enchufe" en una concesionaria del Concello de Vigo por su relación familiar con la teniente alcalde Carmela Silva, de la que es cuñada, han solicitado en su nombre al Juzgado de Instrucción 7 el sobreseimiento y archivo parcial de la causa respecto a su clienta.

Alegan que tras las diligencias practicadas y las declaraciones de otros investigados y testigos no hay ningún indicio de criminalidad, sino "meras conjeturas e infundadas hipótesis". Además de defender la inexistencia de delito alguno tras lo instruido, argumentan que los hechos objeto de investigación estaban ya prescritos cuando Xuntos presentó la denuncia que dio origen a la investigación el 18 de agosto de 2014. Posibilidad, recuerdan, que en su día ya apuntó la Fiscalía. Argumentan que la última contratación de Falque por Imesapi es del 23 de junio de 2008 y habían transcurrido 6 años cuando se denunció el caso. Este tipo de delitos, recuerdan, prescriben como muy tarde a los 5 años y en este caso concreto -de haberse encontrado pruebas- sería a los 3 años.

Las alegaciones se han presentado en el juzgado una vez concluidas las declaraciones de testigos e investigados: dos responsables de Imesapi, el funcionario Francisco Gutiérrez Orúe y el concejal Santos Héctor. La defensa de Falque considera que no hay indicio alguno de que la administrativa influyera en funcionario público o autoridad alguna para ser contratada por Imesapi, y mantuvo su esfera privada al margen y sus jefes no conocían su parentesco con Silva. Por el contrario, apuntan que su condición de investigada le causa daños laborales, personales, familiares y psicológicos.