Multa de 810 euros a la portavoz de Rede de Solidaridade al ocupar una casa con fines sociales

La sentencia obliga a desalojar la vivienda -La acusada presentó un recurso de apelación porque "no nos iremos fácilmente"

26.04.2016 | 04:55
Dos años de su ´llegada´ a Hispanidad | Rede de Solidaridade Popular se estableció en el número 73 de dicha calle en 2014. Actualmente son 50 las familias que acuden diariamente donde reciben no solo alimento sino también asesoramiento en materia jurídica y psicológica. "Atendemos a familias en serio riesgo de deshaucio, pero también con muchos otros problemas", afirma su portavoz.

La portavoz de Rede de Solidaridade Popular de Vigo (RSP) deberá hacer frente a una condena de 810 euros por un delito de usurpación al ocupar, desde el año 2014 una casa de la avenida de Hispanidad donde el colectivo creó un centro social, que a día de hoy continúa en funcionamiento.

Además de esta multa económica, la magistrada del Juzgado Penal 1 de Vigo dictamina el "inmediato" desalojo de la vivienda, la cual fue acondicionada y reformada en varias ocasiones por la propia asociación encabezada por la acusada.

Según se refleja en la sentencia, los hechos se remontan a principios del mes de septiembre de 2014, cuando la portavoz de la asociación RSP "accedió al interior de la vivienda sin estar autorizada por sus propietarios con el ánimo de convertirla en un centro social autogestionado". La denuncia de los dueños de la casa llegó pocos días después. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el número 73 de la avenida de Hispanidad para comunicar a la asociación su desalojo a pesar de "la negativa a abandonarlo".

La acusada asegura que se trataba de una vivienda completamente abandonada por ello procedió a su ocupación con fines meramente sociales y no "individuales". Esta versión fue refutada por la propia denunciante y propietaria de la vivienda, quien aseguró, según el escrito judicial, que "no estaba totalmente abandonada, ya que acudía casi todas las semana e incluso tenía un jardinero", acreditando además que "se ocupó una casa aprovechando que se encontraba vacía. Nunca se le dio permiso alguno".

La portavoz de esta asociación justificó en múltiples ocasiones que la ocupación solo responde a labores sociales. Durante el juicio celebrado en marzo, Fiscalía ya había tenido en cuenta esta disposición, llegando a ver "encomiable" la ayuda a desfavorecidos que se realiza allí. Esta circunstancia se ha tenido en cuenta a la hora de determinar la pena pero no "en la justificación o impunidad de la conducta".

De este modo, se ha procedido a imponer una condena de 810 euros a la acusada además de obligar al desalojo de la vivienda, requerida de "inmediato" por sus dueños para su próxima puesta en venta.

La portavoz de RSP presentó ayer un recurso de apelación ante dicha sentencia. "No nos iremos tan fácilmente ni con la cabeza baja como si hubiéramos cometido un delito, en este caso yo, que soy la portavoz. El fiscal reconoció que la obra social que se hacía aquí era encomiable, así que nosotros no nos vamos a ir con la cabeza baja", afirma la vocal de esta asociación.

Actualmente son medio centenar las familias que continúan beneficiándose de la labor que la Rede de Solidaridade Popular lleva a cabo desde la vivienda de la avenida de Hispanidad.

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