El juez declara nulo el contrato de una tarjeta de crédito y obliga a la entidad a abonar 4.467 euros

El fallo señala que las cláusulas firmadas por el titular eran "difícilmente legibles y farragosas"

24.04.2016 | 02:36

El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Vigo estima íntegramente la demanda presentada por el titular de una tarjeta de crédito de MBNA, hoy Avantcard, y obliga a la entidad al pago de 4.467 euros así como de las costas procesales.

La sentencia determina la nulidad del contrato firmado por el demandante en junio de 2006 puesto que las cláusulas eran "difícilmente legibles" dado el tamaño de la letra "y lo farragoso de su redacción". También señala que el documento solo está firmado en su anverso, donde no aparecen dichas condiciones por lo que no se puede acreditar ni el conocimiento ni el consentimiento expreso del titular.

El demandante creyó contratar una tarjeta de crédito -de hecho el documento estaba titulado como "solicitud de tarjeta"- para efectuar pagos de bienes y servicios y obtener dinero. Sin embargo, en el anverso figuraba una casilla especifica con la leyenda "puente cash" en la que se ofertaba un préstamo inmediato a un tipo de interés del 10,9% TAE durante los 6 meses siguientes a la apertura de la cuenta y del 18,9% en los siguientes.

El cliente no contrató dicho producto, pero sí lo hizo posteriormente ras recibir una llamada telefónica del comercial de Avantcard, que en ningún momento le informó de los elevados intereses que suponía la contratación de este tipo de producto. Tampoco recibió en su domicilio posteriormente ninguna comunicación de la entidad para informarle sobre el cambio de condiciones de la tarjeta.

Desde la suscripción de dicha tarjeta, el demandante realizó abonos periódicos, domiciliados y en efectivo, para liquidar la deuda contraída que a fecha de julio de 2014 ascendía a 24.395 euros.

El juez estima la petición del abogado para declarar la nulidad del contrato por no cumplir con los requisitos que impone la ley, así como el carácter abusivo de la cláusula relativa a los intereses, gastos y comisiones. También condena a la entidad de crédito demandada al abono de la cantidad que resulta de la diferencia entre las cantidades abonadas y el capital dispuesto por el titular de la tarjeta hasta el 1 de julio de 2014, que asciende a 4.467 euros.

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