La juez de instrucción número 7 de Vigo ha advertido de que hay indicios "fundados" y "serios" de que se pudieran haber cometido delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental en la causa que sigue por el supuesto "enchufe" de la cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en una contrata municipal. En el auto, la magistrada señala que, además de las sospechas que apuntan a que el Ayuntamiento olívico firmó varios contratos con la empresa Imesapi para "compensarla" por los costes derivados de la contratación de Vanesa F.B., existen indicios de que los trabajos para los que fue contratada "no se hubiesen efectuado".

El juzgado, además de cambiar la condición de testigos a investigados de dos responsables de la concesionaria, también confirma que amplía "el marco penológico de los hechos investigados" a los supuestos delitos de malversación y falsedad. La jueza justifica esa decisión por la existencia de "nuevos elementos", entre ellos, las explicaciones del propio Concello que admite que, en las encuestas de calidad de Vanesa F.B. no consta el nombre del autor de la misma.