Los 13 detenidos en la operación policial contra un millonario fraude a la Seguridad Social con epicentro en el grupo empresarial vigués Hermida, están ya en libertad aunque la investigación se extiende a varias provincias gallegas donde tienen cafeterías. Seis de ellos comparecieron ayer ante la juez de Instrucción 3, en funciones de guardia, ya que los demás lo hicieron sólo en sede policial. Tras una maratoniana sesión de declaraciones, la magistrada Marisol López decretó la libertad con cargos para todos, incluidos los dos supuestos cabecillas de la trama, los hermanos Manuel y Alfredo Hermida, si bien impuso como medidas cautelares su personación semanal en sede judicial.
La gran redada contra el grupo vigués coincide con la primera condena en firme, de las varias causas que tienen pendientes, para los dos hermanos, supuestos cabecillas de la trama, por una defraudación del IVA por importe de 221.014 euros correspondiente a 2004. La Audiencia Provincial reduce seis meses y deja en un año la pena de prisión para cada uno de ellos que en su día impuso el Juzgado Penal 2 de Vigo, que absolvió a la madre de ambos. El tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas ya que el caso se abrió en 2008 y no llegó a juicio hasta 2013. La sentencia fija una multa para cada uno de ellos de 221.014 euros y otra cantidad igual a devolver a la Agencia Tributaria por lo defraudado.
Orden de libertad en mano, los hermanos Hermida abandonaron la sede judicial ayer en calidad de investigados (antiguos imputados) por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social de casi 3 millones de euros, así como posible asociación criminal, insolvencia punible (habrían vaciado de liquidez las empresas) y delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Otro juzgado de Vigo, en una pieza separada, investiga un presunto delito de fraude fiscal del grupo Hermida que superaría los 8 millones de euros en IBI. Sumando las actuaciones de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional alcanzarían los 12 millones de euros
Los seis detenidos que ayer comparecieron en el juzgado de guardia prestaron declaración, salvo un de las mujeres que al parecer estaba muy nerviosa y se acogió a su derecho a guardar silencio. Algunos de los interrogados "reconocieron los hechos que se les imputan, y otros han intentado taparlos", según informaron fuentes judiciales.
Mercantiles deudoras
La familia Hermida tejió su trama con un centenar de empresas de las que 36 no figuran dadas de alta y 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero con el fin de obstaculizar las labores de inspección, según informó ayer la Policía Nacional. Además, realizaron un movimiento total de 3.500 trabajadores, en algunos casos los mismos.
La mayoría de las sociedades son cafeterías de la cadena La Barraca, si bien en el entramado figuran empresas de seguridad, constructoras y hasta un taller. El modus operandi, según los investigadores, les llevaba a creaba distintas mercantiles en las que sólo daban de alta a algunos de los empleados y en la que no emitían 'tickets' ni facturas para generar solo gastos y no beneficios. Tras pocos meses, justificaban el cierre de la empresa por las supuestas pérdidas y se declaraban insolventes para eludir pagos a la Seguridad Social. Entonces daban de baja a los trabajadores y al día siguiente volvían a tramitar su alta en una nueva mercantil en distintas provincias gallegas.
Coacciones
Los investigadores tomaron declaración a un centenar de trabajadores del grupo, a quienes sus jefes no comunicaban las altas bajas que registraban en las distintas empresas. Cuando les mostraban un nuevo contrato en el que figuraban asesorados en otra sociedad, algunos pidieron explicaciones y aseguraron que les amenazaron con entregarles el cheque del salario si no firmaba. También denunciaron jornadas extras de hasta 60 horas semanales pese a que su contrato era de media jornada.
