La juez de instrucción número 7 de Vigo ha advertido de que hay indicios "fundados" y "serios" de que se pudieran haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental en la causa que sigue por el supuesto 'enchufe' de la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una contrata municipal.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, además de las pruebas que apuntan a que el Concello olívico firmó varios contratos con la empresa Imesapi para "compensarla" por los costes derivados de la contratación de Vanesa F.B., "existen serios y fundados indicios" de que los trabajos para los que fue contratada esta familiar de Silva "no se hubiesen efectuado".
Es por ello que el juzgado, además de decidir cambiar la condición de testigos a investigados de dos responsables de la concesionaria, también confirma que amplía "el marco penológico de los hechos investigados" a los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La jueza justifica esa decisión por la existencia de "nuevos elementos", entre ellos, las explicaciones del propio Concello de Vigo, que admite que, en las encuestas de calidad que supuestamente habría elaborado Vanesa F.B. no consta el nombre del autor de la misma.
La titular del juzgado 7 de Vigo expone estas cuestiones en una resolución en la que desestima el recurso presentado por los dos representantes de Imesapi (contra el auto en el que se acordaba tenerlos por investigados), aunque precisa, "para salvar cualquier duda", que las declaraciones que estas personas ya prestaron como testigos "no serán tomadas en consideración a efectos incriminatorios".
