La oposición en el Concello ve posibles irregularidades en el concurso del mantenimiento del alumbrado público y los túneles de la ciudad, licitado por 10,6 millones, y ha reclamado "explicaciones" al gobierno local. La denuncia partió de Marea, cuyo portavoz, Rubén Pérez, explicó que una de las empresas competidoras puso en conocimiento de la mesa de contratación que un familiar del segundo teniente de alcalde, David Regades, trabaja para otra de las firmas que opta al contrato, la actual concesionaria del servicio Imesapi.
El gobierno local replicó horas después con una nota en la que defiende la "absoluta transparencia" del concurso y anuncia que tomará "todas las acciones y medidas frente a las calumnias" de la oposición.
Rubén Pérez pidió que se aclare exactamente la posición de un cuñado de Regades, -edil que preside la mesa de contratación-, en Imesapi. Un informe municipal señala que este trabajador -que fue contratado en marzo de 2007 por la empresa- no tiene ningún tipo de responsabilidad en la firma, pero el portavoz de Marea expresó sus dudas y asegura que ha participado en sociedades mercantiles con el concejal y con un directivo de Imesapi, este último investigado en el procedimiento judicial por el presunto enchufe de una cuñada de Carmela Silva.
La portavoz del PP, Elena Muñoz, calificó de "gravísimas" las circunstancias y confirmó que su grupo emitió un voto particular sobre el informe técnico del concurso porque la puntuación a Imesapi le da una "ventaja considerable" respecto a las demás ofertas.
La empresa recurrente, Sielvigo, había apelado anteriormente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que desestimó sus argumentos. En el escrito presentado a la mesa asegura que hay diferencias "inusuales" en las puntuaciones a las empresas.
El concejal socialista Carlos Font salió al paso de las denuncias y anunció acciones. "Estamos hartos. Hasta aquí hemos llegado. Esta es la forma de hacer política del PP y Marea, la más ruin y sucia, desde la calumnia", manifestó, para agregar que el proceso de adjudicación "se está desarrollando dentro de la legalidad, con los informes técnicos pertinentes".
