La negociación en marcha para tratar de evitar el que se convertiría en el primer macrojuicio por venta de ropa, calzado y complementos falsificados de primeras marcas en el mercado vigués de A Pedra ya tiene las primeras ofertas en firme sobre la mesa. A la espera de que se concrete cuál será la reducción que planteará la Fiscalía sobre sus peticiones iniciales de condena por los delitos contra la propiedad industrial y faltas contra el patrimonio que atribuye a los 41 comerciantes acusados -fuentes próximas al caso afirman que serían "penas mínimas" de prisión y multa-, lo que ya han recibido los abogados defensores es lo que deberían abonar sus clientes en materia de responsabilidad civil, es decir, las indemnizaciones a las marcas afectadas. La última propuesta de estas empresas es la de una petición total de 43.285 euros por las 14.128 prendas intervenidas en las redadas que aúna esta causa: las cuantías oscilan entre la máxima de 20.000 euros que se demanda para un matrimonio al que se incautó casi la mitad de la mercancía y la mínima de 150 euros que se interesa para casi 15 vendedores que tenían cantidades ínfimas de ropa falsa en sus puestos. La rebaja sobre las pretensiones iniciales de estas firmas es sustancial, ya que la valoración en un principio sumaba casi 300.000 euros.

Las diligencias de este caso, el primero a juicio de todas las redadas efectuadas en el mercado, se abrieron hace una década, en 2006, en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo. La causa engloba dos grandes operativos, el de febrero de 2006 y el de junio de 2007, y un registro de septiembre de 2010. Tras cerrarse la instrucción, el caso fue elevado al Juzgado Penal 2 para vista oral. Un trámite que se formalizaba, como es preceptivo, ya con el escrito de calificación provisional de la fiscal presentado, con una solicitud de penas que sumaban en global 45 años de cárcel y más de 670.000 euros en multas.

Pero el largo juicio podría no llegar a celebrarse, y quedarse en una breve vista de conformidad, si prosperan las negociaciones en las que desde hace al menos diez meses están inmersos fiscal, abogados de las marcas y letrados defensores. Ya hubo reuniones para perfilar este acuerdo, la última el 1 de abril. Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público habría ofrecido reducir sus peticiones iniciales a las condenas mínimas que contempla el Código Penal para los ilícitos por los que acusa, penas que se tendrían que establecer caso por caso: a la espera de conocerse las nuevas peticiones, la mayor solicitud del escrito provisional, de 6 años de cárcel y multas por 64.800 euros, se hizo para el matrimonio implicado en las tres redadas, y las menores, de 1.800 euros, para vendedores con ropa falsa cuyo valor no superaba los 400 euros.

Lo que sí ya tienen los abogados es la propuesta de las marcas en concepto de responsabilidad civil. Si inicialmente la petición de varias de las firmas sumaba más de 298.000 euros, la nueva oferta rebaja notablemente esa cifra, al quedarse en 43.285 euros. La pareja a la que se incautaron más prendas -6.876- se le piden 20.000 euros y en el caso del resto de acusados las cantidades oscilan entre 5.760 y 150 euros. "La sensación es que va a haber acuerdo", dicen algunos abogados, aunque en algunos casos la situación es más compleja, ya que hay vendedores implicados en más causas judiciales.

Por lo de pronto, la juez de lo Penal, dado que las partes están en "vías de negociación", ha archivado provisionalmente la causa a la espera de que se informe del resultado de las conversaciones para señalarse la vista. Tres marcas han recurrido esta decisión al estimar que no cabe el sobreseimiento y que se debe poner ya fecha para esa vista de conformidad.