Si España fuese un paciente enfermo, habría que preguntarle qué males siente antes de dictar un diagnóstico. Para el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Tomás Font, los problemas son dos: un sistema con deficiencias y la falta de una propuesta para encajar Cataluña. Para solucionarlos recomienda "la conveniencia de escuchar, frente al derecho a decidir" junto a "transacción, proposición y pacto". El experto participó ayer en la jornada sobre cambios territoriales y constitucionales organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas que pretendía dar respuesta a la situación política y donde varios profesionales del derecho ofrecieron diferentes posturas sobre el sistema organizativo nacional.
-¿Las Comunidades Autónomas han sido un modelo erróneo?
-En absoluto. Han sido un éxito durante un largo periodo de estabilidad política. Han favorecido la integración social, territorial y el desarrollo económico, pero necesitan unos retoques.
-¿Hablamos de ajustes o de una reforma profunda?
-Por una parte hay que resolver ajustes de funcionamiento, de coordinación entre las comunidades y con el Estado y también su financiación. El segundo problema importante es la forma de integración cómoda y satisfactoria de Cataluña en el conjunto de España.
-Usted ha hablado de "rehacer el pacto bilateral" entre España y Cataluña. ¿Llegaría a tiempo?
-Depende de la posición de las fuerzas políticas y su evolución en los próximos tiempos. Yo, que soy optimista por naturaleza, creo que si se dan las condiciones políticas se llegaría a articular una forma de integración tranquila y cómoda, al menos durante algunas generaciones.
-¿En qué se traduciría? ¿Un reconocimiento de las características catalanas? ¿En privilegios fiscales?
-Es difícil saber cuál sería el resultado final aceptado por todos en un pacto. Al menos debería haber un reconocimiento en la Constitución de un aspecto simbólico de la realidad catalana y el reconocimiento de una posición jurídico-constitucional específica. No tiene por qué ser un privilegio, sino una manera singular de trato y un sistema diferente de financiación, que sea más justo y equitativo. También habría que sumar algunos organismos competenciales propios para algunas singularidades de Cataluña.
-Si lo que se busca es un sistema más justo, ¿qué ocurriría con otras comunidades que también quieran reclamen su singularidad como Galicia?
-Cada comunidad tiene su propio Estatuto, que le da el trato específico que le corresponde y en el caso de que no sea suficiente creo que se puede formular una reforma estatutaria que haga posible esa singularidad. Eso intentó Cataluña en el 2006 y en el 2010 el Tribunal Constitucional dijo que no era posible.
-Otro órgano que se quiere replantear o suprimir son las diputaciones. ¿Se puede sostener la estructura administrativa sin ellas?
-Más que la supresión, creo que necesitan una reforma profunda; pueden ser útiles en su función de asistencia a los municipios, pero claramente desde el punto de vista de su organización política deben ser reformadas. Son unas organizaciones muy opacas, sin transparencia, de elección de segundo grado y por lo tanto no tienen una legitimación democrática directa. Eso las sitúa en una posición discutida que debería resolverse.
