La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas a raíz de la querella -a la que se dio valor de denuncia- presentada en octubre de 2014 por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y prevaricación por parte de un grupo de alumnos de Ciencias Políticas y Detective Privado de la Universidad viguesa contra un catedrático y su ayudante. Los estudiantes denunciaban a los responsables de esos estudios ya que se ofertó un título que la Universidad no podía emitir, hecho reconocido por el Valedor do Pobo, el Tribunal de Garantías de la propia institución y el Consello Consultivo de Galicia. La juez estima que los hechos carecen de entidad penal y que, en todo caso, su "responsabilidad o reproche" vendría "de la mano de otras jurisdicciones".
El auto de archivo con fecha de 27 de noviembre de 2015 fue recurrido por los estudiantes en reforma ante el mismo juzgado, que el pasado 5 de febrero, previo informe de la Fiscalía impugnando el citado recurso, ratificó el sobreseimiento. Los estudiantes -en la actualidad están personados en el proceso unos 45 afectados- han presentado una apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que está ahora pendiente de resolución.
"[...] se estima que no podemos estimar que estemos ante hechos de entidad penal, los hechos denunciados no integran las infracciones penales denunciadas, ni ninguna otra", afirma la juez instructora. Así, en relación al delito de estafa, afirma que prescribió y, en todo caso, no aprecia ilícito penal. La magistrada, entre otros argumentos, señala que aunque la "idea" de crear estos estudios partiese del catedrático denunciado, director después de los mismos, "quien crea el título propio, lo publicita e imparte es la Universidad de Vigo [...]". "Otra cosa es la actuación de la Universidad de Vigo, y que pudiera calificarse de engañosa, en sentido lato, al permitir", se expone en el auto, "la creación de una titulación propia que por definición no es un título oficial [...]", "que los alumnos hicieran más horas de las necesarias para conseguir el título de formación de Técnico de Criminoloxía, que fue el que finalmente le entregaron" o el uso de una denominación "que en sí misma puede ser engañosa", lo que prohíbe la Ley Orgánica de Universidades.
"Es decir, que concurrieran una serie de circunstancias [...] y que se han trasladado a esta resolución a la luz de los informes del Tribunal de Garantías y del director xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, que hacen que pueda ser criticable la actuación de la Universidad, o incluso dar lugar a la exigencia de una posible responsabilidad patrimonial de la misma, pero no nos sitúan ante un hecho de entidad penal, una presunta estafa, cuya comisión pueda atribuirse", afirma, al catedrático denunciado. Tampoco se aprecian delitos de falsedad y prevaricación.
Los alumnos, que también tienen en marcha un proceso contencioso, reiteran en su apelación que las "graves irregularidades" que reflejan los informes "sí encajan en los tipos delictivos imputados". "Confiamos en que la Audiencia ponga las cosas en su sitio; estamos ante una estafa, se nos ofreció un título a sabiendas de que no se nos iba a dar", sostienen en la plataforma de afectados. Recuerdan que la Universidad les indemnizó, pero sólo parcialmente. También, dicen, presentaron quejas ante Poder Judicial y Fiscalía General del Estado por, sostienen, "retraso" e "inacción" en el proceso.
