La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vigo-Baixo Miño relató ayer el caso de una mujer viuda y con un hijo de 8 años, sin ingresos y en riesgo de exclusión, que acaba de conseguir un estudio a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta, después de haber tenido que dormir "durante dos semanas" en la estación de autobuses de la ciudad olívica, mientras el niño se quedaba con un familiar, motivo por el que fue acogida por una familia de la plataforma. Sin embargo, la portavoz del colectivo, Carlota Pérez, criticó el funcionamiento de los servicios sociales del Concello de Vigo y pide que se le tramite cuanto antes una "ayuda de emergencia". "La mujer tiene cero ingresos y se le está tramitando una Risga; tiene que pagar la fianza del piso -por el que pagará unos 43 euros mensuales al ser un alquiler social-, los impuestos y el alta de suministros como luz, gas y agua", afirmó en una comparecencia realizada ante los juzgados de Vigo.

La propia mujer relató su caso. Se quedó viuda hace 8 meses en Pontevedra en "circunstancias muy dramáticas" y dejó la vivienda en la que residía ya que no podía "seguir pagándola". Se vino para Vigo. Tras tener que dormir "dos semanas" en la estación de buses y ser acogida a continuación por la PAH, la Xunta le ha adjudicado un estudio. "Para mí y para mi hijo lo es todo", dijo. "El niño ha vuelto a sonreír", añadió, mostrando su agradecimiento a la plataforma por su ayuda, así como a los servicios sociales de Salceda de Caselas, y agregando que lo relativo a la pensión de viudedad y orfandad está "paralizado".

En la comparecencia ante los juzgados la PAH también presentó el caso de una familia de etnia gitana de 9 miembros, tres de ellos menores, que hace tres años ocupó e hizo reformas en una vivienda vacía en Severino Cobas de Vigo perteneciente a un banco y que ahora afronta un proceso judicial civil de desahucio tras "archivar" el juez la causa penal. Carlota Pérez demanda a la entidad que les ofrezcan un alquiler social y señala que la opción que propone el banco, otro piso de cuatro dormitorios, no es adecuada, ya que la familia se dedica a la chatarra y esa nueva casa no sería adecuada para esa labor, que molestaría a los vecinos. "Esta familia quiere legalizar su situación", dijo.

Mientras, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, manifestó ayer que el Ayuntamiento paralizó en lo que va de año un total de 17 desahucios.