El Juzgado Penal 1 celebró ayer un juicio contra la portavoz de la Rede de Solidariedade Popular de Vigo por la ocupación, desde 2014, de una casa de la avenida de Hispanidad donde el colectivo creó un centro social. "La vivienda estaba deshabitada y totalmente abandonada; pusimos un centro para gente sin recursos y en situación de exclusión social", dijo la acusada. Los propietarios niegan que diesen permiso para que el colectivo se instalase allí. Aunque el fiscal ve "encomiable" esa labor social, solicita multa de 810 euros y el desalojo por delito leve.
