La ronda de interrogatorios de esta semana a siete de los once investigados del caso Hormigón -los otros cuatro ya declararon en octubre de 2014 tras abrirse la causa judicial- concluyó ayer. A la espera de como avanzará esta instrucción -la impresión entre varias fuentes consultadas es que podría haber nuevas citaciones-, los políticos o técnicos municipales que comparecieron en el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo estos días negaron irregularidades. O bien defendieron que las obras y autorizaciones de gasto puestas en cuestión eran necesarias y siguieron los cauces legales o, y no fueron pocos, manifestaron a juez y fiscal que ni siquiera tuvieron intervención en esos trabajos y expedientes que les atribuyen. Esto último fue lo que expusieron ayer tanto el presidente del PP vigués y concejal José Manuel Figueroa, como Xavier Alonso, exedil del BNG.

"Salgo muy satisfecho; nuestra actuación fue correcta y espero que la causa se archive lo antes posible contra mi persona", manifestó Figueroa tras su comparecencia judicial. Su citación como investigado fue por una autorización de gasto de 203.553 euros a favor de Movexvial, que derivó en expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, para instalar dos islas de recogida de basura en Barreiro. El edil indicó que su declaración fue en la línea de "clarificarlo" todo, pero no quiso entrar en detalles sobre su contenido.

Según pudo saber este periódico, Figueroa señaló ante la juez que el expediente de reconocimiento de crédito relativo a ese trabajo, que "conoció" a raíz de la citación judicial, fue tramitado "cuando ya no desempeñaba el cargo" de concejal de Urbanismo, que dejó en junio de 2007. Se remontó a la tramitación previa a la adjudicación de la obra original relativa al PERI de Barreiro, para explicar que tras esto el expediente se trasladó a un servicio del Concello ajeno a Urbanismo y que ahí "terminó la competencia" de la Gerencia de Urbanismo de la que él fue vicepresidente. Así, se desvinculó por ello también de la posterior obra de las dos islas soterradas que se investiga. Ni era su competencia, ni la conocía ni él dio "orden" alguna para que se ejecutase.

Tras Figueroa, compareció el exconcejal del BNG Xavier Alonso. A él se le citó por una autorización de gasto de 141.769 euros para trabajos adicionales en unas instalaciones deportivas en Barreiro. A su salida de los juzgados explicó que "aclaró" que la obra original, un espacio deportivo abierto que era "una demanda vecinal", se inició cuando él era edil de Deportes. "Todo se hizo dentro de la legalidad", señaló. Pero se desvinculó de los trabajos de mejora que se cuestionen que vinieron después -que hubo que hacer a raíz de unas inundaciones que causaron daños- y por tanto del reconocimiento extrajudicial de crédito, al ser posteriores a su etapa en concejalía: "Ya no es de mi época, pero manifesté que tengo absoluta confianza en los técnicos [municipales] y que seguro que todo está dentro de la legalidad y normalidad".

En relación con este expediente fue interrogado también en calidad de investigado el funcionario del área de Deportes José Ángel Otero Lamas. Fuentes jurídicas explicaron que el técnico justificó esos trabajos de mejora por ser "imprescindibles y de emergencia". Dijo a la juez que comprobó que la obra se había hecho y que había que proceder al pago, todo ello con los avales legales.

Junto a Figueroa, Alonso y Lamas, constan como investigados en esta causa los concejales socialistas Ángel Rivas e Isaura Abelairas, el exedil nacionalista Eudosio Álvarez, el exgerente de Urbanismo Xavier Rivas, los funcionarios María Gomez y Álvaro Crespo y dos directivos de la antigua Movexvial, Javier Carrera y Celso Manuel Piñeiro.