El Parlamento gallego ha dado el visto bueno esta mañana en el pleno a la ley de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o excepcional interés, que permitirá desbloquear los proyectos clave en Vigo paralizados por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en noviembre el Plan Xeral.
La norma, aplicable a los 314 concellos gallegos pero que nace por el fallo judicial que tumbó el planeamiento de la ciudad olívica, desatascará la ampliación del polígono de Balaídos para cubrir las necesidades de PSA-Citroën, y la estación intermodal de ferrocarril y autobús de Urzáiz, así como la Ciudad de la Justicia en caso de que se mantenga el proyecto original en la Calle Lalín, si bien ha tomado fuerza la opción de situarla en el antiguo hospital Xeral, con lo que no se vería afectada.
Con esta ley la tramitación de los proyectos estratégicos se acorta a "entre cuatro y seis meses", según explicó en el pleno la conselleira de Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, quien aseguró que la norma cumple "todas las garantías jurídicas, mantiene la autonomía de los concellos para decidir y no da cabida a iniciativas privadas: solo se dirige a las impulsadas por administraciones públicas". En el caso de PSA es Zona Franca la administración promotora como titular del polígono de Balaídos.
Las cinco formaciones políticas (PP, PSOE, BNG, AGE y Grupo Mixto) han presentado enmiendas al texto elevado a la Cámara. Los "populares" han introducido en la suya el periodo de exposición pública durante 20 días y la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. El PSOE anunció en el debate -que se prolongó durante casi dos horas y media- su apoyo a la propuesta del PP, aunque criticó que las expropiaciones necesarias se carguen sobre los concellos, en vez de concretarse en el texto que las pagarán los beneficiarios de los proyectos que se tramiten. "No es lógico, pero aceptaremos porque hay que buscar una solución y anteponemos los intereses de los ciudadanos", afirmó el socialista Xosé Sánchez Bugallo, quien reprobó los "errores e imprevisión" de la Xunta. El "popular" Jaime Castiñeira, por su parte, defendió que la ley "dará una solución rigurosa a los problemas urbanísticos de proyectos fundamentales para Vigo" y afirmó que se respetará la autonomía de los concellos, cuyo informe para tramitar cualquier plan por esta vía será vinculante, con lo que entre otras cuestiones los ayuntamientos tendrán margen para conveniar el pago de las expropiaciones con las administraciones beneficiarias.
Castiñeira acusó a Alternativa Galega de Esquerda (AGE) de haber retrasado la solución urbanística al haberse opuesto a impulsarla a través de una enmienda a la Lei do Solo que acaba de aprobarse. Antón Sánchez, diputado de AGE, aseguró que, lejos de ser su formación "irresponsable" como le han achacado, su postura ha servido para que se introdujesen mejoras como la exposición pública o la evaluación ambiental. No obstante, AGE mantiene sus diferencias en otros puntos y tilda el texto aprobado hoy de "maquillaje". La parlamentaria Ana Pontón (BNG) considera que la ley adolece de defectos jurídicos al "omitir informes" recogidos en la ley de régimen local y la de Transparencia, y calificó de "chapuza sin rigor técnico" el texto elevado a la Cámara. Consuelo Martínez, del Grupo Mixto, sostiene que "se pretende legalizar lo ilegal con un fraude democrático, dando un cheque en blanco al urbanismo del pelotazo". La ley se publicará en el DOG el 20 de marzo, un día después que la Lei do Solo, ya que de entrar en vigor con anterioridad se vería anulada por esta última.
