La Tesorería de la Seguridad Social, propietaria de la torre del antiguo Hospital Xeral y sus anexos, ve con especial interés el proyecto de la Xunta, ahora acordado con el Concello, de situar allí la Ciudad de la Justicia. El director general, Francisco Gómez Ferreiro, compromete "total colaboración" y "analizará con buenos ojos" la iniciativa, según explicó ayer consultado por este periódico el director provincial, Ramón Blanco, justo después de recibir una llamada telefónica de Gomez Ferreiro para abordar la cuestión.
La Xunta proyecta situar la Ciudad de la Justicia en la torre y el primer anexo, mientas que el segundo mantendría el uso sanitario. La idea, a falta del examen a fondo, es vista como una buena alternativa por parte de la Tesorería, que no alojará dependencias propias en el Xeral -de hecho sus instalaciones, ahora repartidas por la ciudad, van a centralizarse en la futura sede de García Barbón, donde están a punto de iniciarse las obras- y, por tanto, emprendería un proceso de venta, subasta, alquiler o cesión de los espacios que recibirá tras haberse abandonado el uso sanitario.
El Pirulí está protegido y su calificación urbanística es dotacional, con lo que la viabilidad de venderlo o subastarlo con éxito es prácticamente nula. La Tesorería tiene como norma que su patrimonio no esté "ocioso", dados los importantes gastos que genera el mantenimiento sin que haya retorno alguno, y la Ciudad de la Justicia, además de ser compatible con la clasificación del suelo de la torre y su anexo, beneficiaría a todos los ciudadanos. "El uso es de interés social y comunitario. Daremos todas las facilidades", expone Ramón Blanco, quien agrega que espera "como ciudadano de Vigo, que la idea llegue a buen puerto".
La reorganización sanitaria con la puesta en marcha del Hospital Álvaro Cunqueiro conlleva la reversión a la Tesorería del Xeral, el Centro de Especialidades de Coia, el ambulatorio de A Doblada y el Policlínico Cíes. Por ahora solo está en trámite la entrega de las instalaciones de Coia. Todos los edificios suman 65.000 metros cuadrados y están bien ubicados, pero su valor inmobiliario es limitado por los usos permitidos, que hacen complicada su subasta. Por el contrario, los gastos en IBI, mantenimiento y vigilancia, que hasta ahora pagaba la Xunta como usufructuaria y que pasará a abonar la Tesorería, son elevados. Solo el IBI del Xeral asciende a 162.000 euros, gasto que podría elevarse por encima de los 200.000 anuales con los contratos de conservación y vigilancia.
La cesión del Xeral para la Ciudad de la Justicia podría suponer una alternativa óptima, si bien desde la Tesorería apuntan que "hay que dar los pasos para materializarla". En última instancia es el Ministerio de Hacienda el que da la aprobación final. Los contactos han arrancado con buen pie. Gómez Ferreiro transmitió el martes al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su buena disposición, y ofrece cooperación absoluta.
Pasos a seguir
El Gobierno gallego espera cerrar en un mes y medio la cesión de uso y convocaría entonces un concurso de ideas a fin de ajustar el diseño interior de la torre y su primer anexo a las necesidades funcionales de la sede judicial. El coste de la rehabilitación está estimado entre 25 y 30 millones. La administración autonómica tendrá que devolver a la Tesorería formalmente el Xeral aunque luego recuperase el espacio de prosperar las negociaciones, según explica el director provincial. Debe también actualizar la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad y presentar una solicitud oficial para el nuevo uso, que será analizada por los servicios técnicos y jurídicos del organismo estatal. El ministerio, de completarse el procedimiento con todos los parabienes administrativos, tendrá la última palabra. Pese a estos trámites obligatorios Ramón Blanco apunta que el recorrido "puede ser rápido".
La cesión del suelo del Pirulí es clave para el éxito del proyecto de la Ciudad de la Justicia en ese emplazamiento. Una vez obtenida la edificación todo el proceso estaría en manos de la Xunta, que tiene intención de licitar las obras a finales de este año. La sede se inauguraría, si se cumple el cronograma, en el segundo semestre de 2019. Entre las ventajas respecto al proyecto de la ciudad judicial en la Calle Lalín, Vicepresidencia resalta que la torre y su anexo tienen una superficie de 36.000 m2, 10.000 más que el plan previsto hasta ahora.
Por otra parte, el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, se reunió ayer con representantes de la Asociación de Comerciantes de As Travesas (Aetravi) para exponerles el proyecto, y aseguró que será "un elemento importante" delimitar el uso futuro que se daría a los dos Juzgados de la calle Lalín para evitar daños económicos a la actividad en el entorno. El presidente de la asociación, Victorino Misa, manifestó que los comerciantes están "expectantes" y su objetivo principal es que As Travesas continúe siendo "una zona dinámica de la ciudad".
La futura sede de García Barbón centralizará en 2019 todos los servicios ahora dispersos
- La Tesorería tendrá sus necesidades de espacio cubiertas con la nueva sede de García Barbón, en el antiguo solar de La Metalúrgica, cuya construcción es inminente tras más de ocho años de espera. El director provincial confirma que las obras, adjudicadas por 12 millones a dos empresas gallegas y con un plazo de ejecución de tres años, "empezarán como muy tarde el 3 de marzo", y el edificio agrupará todas las dependencias ahora dispersas en diferentes puntos de la ciudad.La Tesorería da servicio a una población de 194.000 habitantes y a 42.000 empresas, abarcando todo el territorio provincial. El 95% de la gestión está telematizada, de ahí que, según explica Blanco, la agrupación no supondrá inconveniente alguno para la atención presencial a los ciudadanos, que será "aún mejor", indica Blanco."La sede permitirá reducir costes y una mayor coordinación", abunda. Los locales en los que ahora están diseminados los departamentos fueron comprados en la década de los '80 del siglo pasado, y se han quedado obsoletos. La plantilla de la Tesorería está compuesta ahora por 248 funcionarios y en algunas de las dependencias el espacio es insuficiente. "Tendremos un edificio domótico, moderno y telemático que cubre todas nuestras necesidades", añade el director provincial.La Tesorería compró el solar de García Barbón en 2005 por 10,8 millones y el proyecto quedó en el alero tras los recortes presupuestarios del anterior Gobierno. El actual lo retomó, pero el procedimiento hasta la adjudicación ha sido lento. La posibilidad de paralizarlo ante las decenas de miles de metros cuadrados que recibirá la entidad con la reversión de los edificios hasta ahora sanitarios está descartada. "La sede está adjudicada y no tiene marcha atrás. Reformar el Xeral sería incluso más caro que construir la nueva porque no se ajusta para nada a la organización", apostilla el responsable provincial de la Tesorería.
