José Antonio Luengo, un exguardia civil que perdió su carrera y que nunca llegó a ser juzgado por el homicidio de un vagabundo en Barcelona al exculparlo las pruebas de ADN, aunque pasó seis meses en prisión tras su detención por este caso, mostraba en los pasillos del juzgado su indignación: "Me lo recomendó como abogado la Guardia Civil, era el de la AUGC y me destrozó la vida".
Le encargó varios asuntos jurídicos, entre ellos la presentación de una querella y un recurso para interesar una indemnización de 300.000 euros ante el Tribunal Constitucional por los daños morales causados y el tiempo que permaneció en prisión provisional, pero no llegó a realizar ninguna gestión. "Llamé al Constitucional y me informaron de que no se había presentado nada, y que había perdido todos los plazos para las acciones judiciales oportunas". "¿Quién me devuelve eso, tiene precio?. Todavía tengo antecedentes policiales porque no me juzgaron y el archivo de la causa no fue definitivo. De haberme juzgado, aunque me hubieran condenado, ya habría cumplido y mi expediente estaría limpio. ¿Quién contrata a alguien en mi situación?", lamenta. "Claro que pido reparación del daño, que me borren todo, que la Justicia me de una solución", reclama.
