Miguel Ángel Viñas, un abogado expulsado de la profesión en febrero de 2009, confesó ayer en la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo haber estafado a ocho clientes a quienes hizo creer que estaba en ejercicio y cobró por adelantado recursos y trámites que no realizó, con los consiguientes perjuicios para ellos. El fiscal le imputa seis delitos de deslealtad profesional, dos de estafa, dos de falsificación de documento privado, uno de apropiación indebida, una falta de apropiación indebida y dos faltas de estafa. Tras confesarse autor de todos los hechos que se le imputan, el Ministerio Público rebajó su petición inicial de 6 años de prisión, 16 años de inhabilitación, y 72.000 euros de multas a 2 años y medio de prisión, 6 años de inhabilitación para la abogacía y 13.680 euros de multas.

Ésta no es la primera condena para el letrado, que era el abogado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Pontevedra y que ya fue sentenciado por hechos similares en los que las víctimas fueron agentes de la benemérita. Entonces su condena no llegó a los dos años por lo que no tuvo que ingresar en prisión, pero tras aquel juicio huyó ya que todavía le quedaba el celebrado ayer, y durante casi cuatro años permaneció fugado. Por eso ayer llegó a la sala de vistas desde prisión y en todo momento estuvo custodiado. En su turno de derecho a la última palabra pidió perdón, tanto a los abogados presentes como a sus víctimas: "No se que me pasó aquellos años. Pido perdón", a la vez que añadió que se sentía "muy avergonzado".

Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2008, antes de su expulsión por el Colegio de la Abogacía, si bien Miguel Ángel Viñas se daba de baja por temporadas en el Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenecía, y seguía ejerciendo como él mismo reconoció ante el tribunal. Entre las ocho víctimas que presentaron denuncia contra el letrado y que ayer acudieron a los juzgados de Vigo para declarar en el juicio, si bien finalmente el número de testigos se redujo a tres, se encuentran un exguardia civil que entró en prisión por un crimen que no cometió y cuyos recursos no tramitó; un cliente que le encargó una modificación de medidas provisionales y que le pagaba directamente la pensión para su hijo, cuyo vehículo fue embargado y subastado después porque ni había entregado el dinero ni presentado las medidas en el juzgado; un empresarios que le encargó varios juicios monitorios, otro que le contrató con un fijo mensual, una persona que le encargó la tramitación de varias multas de tráfico, otro que perdió una solicitud de indemnización a la Guardia Civil y una comunidad de propietarios de Moaña. En varios casos falsificó demandas con sellos de presentación ante los juzgados que resultaron ser falsas, en otra ocasión ocultó a su cliente la inadmisión de un juicio y también llegó a falsificar la sentencia de un juzgado para hacer creer que realizó lo servicios jurídicos que le habían contratado y pagado pro adelantado.

La representante de la aseguradora del Colegio de Abogados de Madrid rechazó ser responsable civil subsidiaria en el caso de la responsabilidad civil ya que cree que no se ha demostrado que cuando cometió los delitos estuviera colegiado.