Una viguesa de 50 años víctima de malos tratos que acaba de ser desalojada de un piso en el que vivió de okupa con uno de sus cuatro hijos, un veinteañero en paro, denunció ayer que las administraciones la "obligan a delinquir" tras siete años a la espera de una vivienda social.

Eugenia Alonso está procesada por un delito de usurpación por ocupar desde mayo de 2014 el piso inferior del que fue desahuciada por impago del alquiler (400 euros, con unos ingresos de 426 euros de ayuda familiar), y desde el miércoles duerme en un trastero, pero ahí no pasará "toda la vida".

Reclama "un habitáculo donde meter" sus "miserias" y sus "alegrías", y si Xunta ni Ayuntamiento de Vigo le dan una solución, avisa: "Dentro de tres meses me volverán a echar a la fuerza". Se queja de que un motivo por el que le deniegan una ayuda social es porque estaba cometiendo un delito por vivir de okupa, pero no tienen en cuenta que lleva siete años esperando por una vivienda social pese a ser víctimas de violencia machista.