El grupo local del PSOE y el PP han coincido en atacar el apoyo de Marea de Vigo al veto de la modificación de la Lei do Solo que desbloquearía proyectos urbanísticos importantes para Vigo que ha llevado a la Xunta a aprobar una ley exprés. Rubén Pérez, de Marea, les ha pedido que dejen las declaraciones "histriónicas" y permitan un debate "sincero".
El alcalde, Abel Caballero, reiteró ayer que Marea tiene una posición "contra Vigo" y que intentan crear "confusión" en las urgencias de la ciudad, como en la ampliación de Citroën, que recordó lleva 10 meses pendiente de este proyecto. "Y Beiras sigue sin dar explicaciones", destacó el alcalde, quien aseguró que políticamente "los que hablan por parte de la Marea o AGE" le dan "exactamente igual".
La portavoz de los populares en Vigo, Elena Muñoz, criticó que Marea insista en la vía de la supramunicipalidad cuando es "muchísimo más lenta" que al modificación y censuró que "traten de justificar lo injustificable" poniendo en riesgo el puesto de trabajo de "miles de vigueses".
Por su parte, Pérez defendió la postura de su partido y quiso indicar que lo que no permite reorganizar el espacio de Citroën es la anulación del PXOM, no la Lei do Solo. Acusó al alcalde de "introducir ruido" en el debate. Pérez pedirá la institución de una comisión municipal de seguimiento del planeamiento urbanístico. Según el portavoz, "el mayor daño" que se hace a la ciudad es anular el plan general y buscar una salida "inconsciente jurídicamente y temeraria".
La oposición, contra la ley
Pérez resaltó que "una cosa es lo que dice Caballero" y otra lo que hace su partido, ya que el PSdeG votó en contra de la ley en el Parlamento gallego. El alcalde explicó que no ve en esto una contradicción: "Votó no a una ley que no comparte, pero hubiera votado sí solo a ese artículo". Además, remarcó su apoyo a la Xunta para que se presente una enmienda rápida para ser incluida en la ley.
La conselleira de Medio Ambiente y Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, criticó "la demagogia política" en el voto de la ley, ya que considera que ha tenido más peso que "los intereses generales" de los gallegos: "Al final pasará como pasa ahora con la ley de 2002, que también la votaron en contra y ahora resulta que era buena".
La conselleira reprobó la posición de AGE, la que calificó de "absoluta irresponsabilidad" y fruto de un "nulo compromiso", tanto con Vigo como con Galicia.
