La Operación Cuarzo tiene todavía un largo camino de investigación judicial por delante. La magistrada ha declarado como "compleja" la causa en la que se indaga en la venta de ropa falsificada en el mercado vigués de A Pedra debido, entre otros motivos, a la "gran cantidad" de investigados que constan en las diligencias y a la necesidad de practicar informes periciales que implican "el examen de abundante documentación o complicados análisis": muchos de estos estudios ya se encuentran en poder del juzgado, pero otros están "pendientes de practicar" o "pendientes de remisión". La juez adopta esta decisión previa petición de la Fiscalía, estableciendo así que la instrucción tendrá un "plazo máximo de duración" de 18 meses a contar desde el pasado 6 de diciembre de 2015 -cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce estos plazos legales- y hasta el 6 de junio del próximo 2017. Y ello, aclara, "sin perjuicio de que, en su caso, se considere preciso acordar prórroga de la instrucción o plazo máximo de la misma, si se entiende que concurren razones que lo justifiquen".
La ampliación de la instrucción de este causa se suma a un largo período previo de indagaciones judiciales. El caso saltó a la luz en octubre de 2014, con el macrooperativo que supuso el cierre del popular mercado vigués. Pero la investigación venía de atrás: el origen de estas diligencias por presunto delito contra la propiedad industrial están en un auto de 9 de abril de 2013 que inicialmente derivó en el archivo provisional de la causa en septiembre de aquel año. Pero tras su reapertura en febrero de 2014, hace ya dos años, el asunto no sólo siguió adelante, sino que se amplió a los delitos de blanqueo de capitales y contrabando. Con un balance inicial de 65 investigados, tras un goteo de sobreseimientos la cifra se redujo. En la actualidad son aproximadamente 40 las personas que constan como implicadas en el proceso.
Razones
El auto judicial que declara la complejidad de la causa -del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, pero firmado por la magistrada del 6 que es la que lleva las diligencias- tiene fecha de este pasado viernes 5 de febrero. La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de seis meses en las instrucciones judiciales, pero permite ampliar este período a 18 meses (con posibilidad de prórroga) si se cumplen una serie de requisitos legales. Y la magistrada, tras pedirlo la fiscal, considera que el caso de A Pedra debe ser calificado como complejo al concurrir varias de estas condiciones: que tiene por objeto "numerosos hechos punibles", que involucra "a gran cantidad de investigados" y que exige "la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial" que implican "el examen de abundante documentación o complicados análisis".
Así, además de citar los delitos por los que se sigue la causa y añadir que en la actualidad en el procedimiento constan "más de cuarenta personas" investigadas, la juez hace referencia al estado de los informes periciales que se están realizando en el marco de estas diligencias. Uno de los análisis corre a cargo de la Policía Científica y son relativos "a la falsedad de las muestras de las prendas incautadas en los distintos inmuebles, puestos, locales y almacenes" de A Pedra que fueron objeto de registro. "Se encuentran pendientes de remisión parte de los informes solicitados", se aclara en el auto judicial. Tampoco se han completado todas las periciales que debe realizar la empresa Taxo "al objeto de valorar el beneficio económico que se pudo obtener con la venta" de las prendas aprehendidas. Y se encuentran asimismo pendientes de remisión al juzgado algunos de los informes encargados al SVA "sobre ingresos y gastos" de los investigados.
Y además de estos informes, concluye la juez, con carácter previo al cierre de la instrucción será preciso "la práctica de varias diligencias" cuya naturaleza no se concreta.
