Una problemática que en los últimos meses se ha acentuado. Informes psicosociales solicitados en 2014 por los juzgados de Familia de Vigo para decidir sobre cuestiones tan delicadas como custodias o regímenes de visitas de hijos de padres separados aún no tienen respuesta por la falta de personal y la alta carga de trabajo de los profesionales que se encargan de esta labor. Los tribunales vigueses cuentan con dos equipos psicosociales, integrado cada uno por psicóloga y trabajadora social, para atender las solicitudes realizadas no sólo por las salas especializadas en divorcios, sino también las valoraciones técnicas que les piden desde el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y otro tipo de periciales demandadas por otros tribunales. La Xunta garantiza que "en un mes" dará respuesta a las peticiones de refuerzo planteadas el pasado otoño desde distintos ámbitos. Pero pone también una segunda solución sobre la mesa: que psicólogos externos resuelvan informes pendientes o nuevos en virtud de un contrato existente entre el gobierno autonómico y el colegio gallego que representa a estos profesionales. Un remedio, este último, que ya suma voces en contra. Si el martes fue la plataforma SOS Xustiza, ayer fue el comité de empresa del personal laboral de la provincia pontevedresa de la Consellería de Xustiza el que se opuso a que se desvíen periciales a "trabajadores externos": reitera su petición de que se dote a la ciudad de dos equipos de refuerzo integrados "por personal laboral de las listas de contratación".
La demora en la emisión de informes para los juzgados de Familia ya es de casi dos años en el caso de uno de los dos equipos de psicóloga y trabajadora social, que tiene sobre la mesa periciales pendientes instadas en 2014. El otro equipo ya empezó a dar respuesta a las peticiones de 2015. Menor es el retraso de los informes de violencia de género, aunque también hay casos antiguos a la espera de dictamen.
Los equipos psicosociales dependen del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). SOS Xustiza denunciaba ya en octubre que se habían enviado equipos de apoyo a Santiago, A Coruña, Pontevedra y Lugo, dejando fuera de estos refuerzos a Vigo. El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, en una vista esta semana a Vigo, justificaba este hecho porque entonces por parte de la ciudad olívica ni se había efectuado la "demanda" ni disponían de los datos que avalaban la necesidad. "Ahora ya los tenemos", agregó. Garantizó que se dará respuesta a los refuerzos solicitados, pero añadió que la medida se complementaría con la de desviar expedientes pendientes o nuevos al Colegio de Psicólogos de Galicia en virtud de un contrato ya en vigor para otras periciales.
La presidente del comité de empresa de personal laboral de Xustiza de la provincia de Pontevedra mostraba ayer su rechazo a esta segunda opción. "No es normal que la Xunta desvíe asuntos a trabajadores privados en vez de hacerlo con los psicólogos y trabajadores sociales que están en paro y apuntados en las listas de contratación", expuso Ángeles Pampín. Y recordó además que en los informes psicosociales de Familia o los de valoración integral de violencia machista no sólo intervienen psicólogos, sino también trabajadores sociales.
"En periciales de custodias y regímenes de visitas de Familia, o en las integrales de violencia de género, si sólo interviene un psicólogo sería un informe sesgado y susceptible de recurso por las partes", coinciden varias fuentes consultadas, que concretan que las valoraciones psicológicas individuales responden a cuestiones de otra índole, como por ejemplo las valoraciones de credibilidad de víctimas menores de abusos sexuales.
