El administrador único del Instituto Gallego de Formación y Desarrollo Empresarial en 2013 aceptó ayer una multa de 540 euros en el Juzgado de lo Penal 3 tras declararse autor de un delito de falsedad en documento oficial al haber modificado un certificado de la Agencia Tributaria de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias en septiembre de 2013. Documento que presentó en la sede electrónica del Ministerio de Industria.